El Gobierno de Rodrigo Paz ha dado un paso significativo en la regulación del ejercicio de funciones públicas al promulgar la Ley 1709, una normativa que introduce modificaciones sustanciales a la Ley 1352 vigente. Esta nueva disposición establece una ampliación en el período de permanencia obligatoria dentro del territorio nacional para las exautoridades a nivel nacional y de entidades territoriales autónomas, extendiendo el plazo de tres a seis meses.
La promulgación de esta ley se oficializó mediante su publicación en la Gaceta Oficial, lo que implica que entró en vigencia inmediatamente al cumplirse el plazo anterior de tres meses estipulado por la normativa previa. Este cambio legislativo refleja una intención clara del Gobierno por fortalecer los mecanismos de control y seguimiento sobre quienes han ejercido cargos públicos relevantes, asegurando que permanezcan en el país durante un tiempo prolongado tras la finalización o destitución de sus mandatos.
El alcance de la Ley 1709 es amplio y abarca a una variedad importante de funcionarios públicos. Entre los sujetos obligados a cumplir con esta permanencia se encuentran las figuras más representativas del Estado, tales como el presidente y vicepresidente, así como ministros. Además, se extiende a autoridades territoriales como gobernadores y alcaldes, quienes tienen un rol fundamental en la administración local. También incluye a los legisladores nacionales y departamentales —asambleístas—, concejales municipales y las máximas autoridades de empresas públicas, mixtas y privadas que gestionan recursos públicos.
Esta ampliación del período obligatorio busca garantizar un mayor control sobre las actividades posteriores al ejercicio del cargo público, facilitando procesos como auditorías, investigaciones o cualquier seguimiento necesario para asegurar la transparencia y rendición de cuentas. La permanencia obligatoria dentro del territorio nacional durante seis meses permite a las instituciones estatales mantener un contacto directo con estas exautoridades para verificar que no existan irregularidades relacionadas con su gestión.
En términos prácticos, esta medida puede tener implicaciones importantes para quienes hayan dejado sus cargos recientemente. El doble de tiempo para permanecer en el país implica una mayor supervisión y potencialmente una mayor responsabilidad ante posibles investigaciones o trámites administrativos pendientes. Esto también puede ser interpretado como una estrategia para evitar fugas o desplazamientos internacionales que dificulten procesos legales o administrativos relacionados con el desempeño público.
Para la población en general, esta ley representa un avance hacia una mayor transparencia y control en la gestión pública. La obligación legal impuesta a estas exautoridades contribuye a fortalecer la confianza ciudadana al demostrar un compromiso estatal por supervisar adecuadamente el uso y administración de recursos públicos más allá del término formal del mandato.
En suma, la promulgación de la Ley 1709 bajo el Gobierno de Rodrigo Paz marca un cambio relevante en las políticas públicas relacionadas con el ejercicio y finalización de cargos políticos y administrativos. Al ampliar el período durante el cual estas personas deben permanecer dentro del país tras dejar sus puestos, se establecen nuevas condiciones para asegurar que las responsabilidades asumidas durante su gestión sean debidamente revisadas y atendidas conforme a los principios legales vigentes. Esta medida refuerza así los mecanismos institucionales orientados a garantizar una administración pública más transparente y responsable frente a los ciudadanos
