El Gobierno ha emitido recientemente el Decreto 5552, una medida que modifica de manera significativa las atribuciones de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, transfiriendo diversas responsabilidades y funciones al Ministerio de la Presidencia. Esta decisión ha generado una fuerte reacción por parte del vicepresidente Edmand Lara, quien calificó la norma como un “duro golpe a la democracia”, evidenciando una profunda discrepancia institucional y política con las nuevas disposiciones.
El Decreto establece que la Vicepresidencia recibirá apoyo funcional a través de una estructura organizativa bajo la administración directa del Ministerio de la Presidencia. Esta estructura incluye varias unidades específicas: la Jefatura de Gabinete del Vicepresidente, la Unidad Técnica de apoyo Vicepresidencial, la Unidad de Comunicación y Protocolo Vicepresidencial, así como unidades dedicadas al Archivo Histórico Legislativo y Biblioteca, Gestión y Relacionamiento Legislativo, y Asesoramiento Jurídico y Legislativo. Sin embargo, aunque estas instancias operarán para apoyar las funciones del vicepresidente, dependerán únicamente del Ministerio de la Presidencia en términos administrativos.
Una excepción relevante dentro del decreto es que las funciones legislativas desarrolladas por las unidades encargadas de Gestión y Relacionamiento Legislativo y Asesoramiento Jurídico Legislativo seguirán siendo ejecutadas directamente por la Vicepresidencia, manteniendo cierta independencia en el ámbito legislativo para apoyar al vicepresidente. No obstante, el resto de las áreas quedarán bajo supervisión ministerial directa.
Además, el decreto elimina completamente las representaciones regionales, departamentales, municipales e institucionales vinculadas a la Vicepresidencia. Esto significa una reducción considerable en el alcance territorial y sectorial del cargo, limitando su capacidad de influencia directa en diferentes niveles administrativos y sociales del país.
Otra disposición importante establece que las unidades internas de auditoría y transparencia contra la corrupción del Ministerio de la Presidencia ejercerán control sobre todas las actividades, operaciones y personal vinculados a la Vicepresidencia. Esta medida implica un aumento en la supervisión externa sobre el funcionamiento interno del vicepresidente, lo cual puede interpretarse como un mecanismo para reforzar el control administrativo desde el Ministerio.
La reacción inmediata del vicepresidente Edmand Lara fue contundente. A través de sus redes sociales expresó su rechazo vehemente al decreto, denunciándolo como un atentado contra los principios democráticos en el país. Lara destacó que esta decisión fue adoptada “entre gallos y medianoche”, sugiriendo falta de transparencia y consenso en su aprobación. Además criticó que se haya subordinado su gestión a un ministro designado sin elección popular directa, contrastando con su propia legitimidad democrática.
Lara manifestó preocupación por el posible precedente que esta medida podría sentar para otras instituciones claves del Estado Plurinacional. Advirtió que si se puede desmantelar así a la Vicepresidencia mediante un decreto ejecutivo, lo mismo podría suceder con organismos fundamentales como la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), el Órgano Electoral o el Órgano Judicial. En su análisis esto podría facilitar la consolidación de una dictadura que desconocería los derechos y representación de los pueblos indígenas, organizaciones sociales y ciudadanía en general.
El vicepresidente atribuyó esta acción gubernamental también a razones políticas particulares. Señaló que la aprobación del decreto representaría una represalia tras su denuncia pública contra el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), relacionada con un presunto contrato irregular para compra de petróleo con sobreprecio. Lara afirmó que esta situación no detendría su compromiso por denunciar actos corruptos dentro del Ejecutivo.
Pese a las restricciones impuestas por el nuevo decreto –que incluyen pérdida presupuestaria y dependencia administrativa– Lara aseguró que mantendrá firme su defensa constitucional y legal. Subrayó que ninguna autoridad puede estar por encima de la Constitución Política del Estado.
Finalmente, hizo un llamado urgente a toda la población para mantenerse alerta ante estos acontecimientos institucionales que considera preocupantes para el sistema democrático boliviano. Instó a estar “en estado de emergencia” frente a lo que interpreta como intentos autoritarios desde el Ejecutivo central.
En suma, este cambio normativo representa una transformación profunda en la configuración política-administrativa entre dos poderes ejecutivos clave: La Vicepresidencia pierde autonomía funcional administrativa significativa mientras se refuerza el control directo desde el Ministerio encargado por el presidente. Las implicaciones políticas son evidentes: tensión creciente entre actores institucionales con posibles repercusiones en los equilibrios democráticos establecidos en Bolivia. La controversia generada refleja además preocupaciones sobre transparencia, rendición de cuentas y respeto al pluralismo político dentro del sistema estatal vigente
