La situación financiera de la gobernación departamental continúa siendo precaria, con proyecciones que sugieren que el año en curso podría concluir sin mayores deterioros, pero advirtiendo un panorama más sombrío para el 2026.
Los ingresos por regalías de hidrocarburos, un pilar fundamental para la economía departamental, han mostrado una marcada disminución. En el último mes, la expectativa de recibir 38 millones de bolivianos por la liquidación de estas regalías se vio frustrada al concretarse un ingreso de apenas 21 millones. Esta cifra reconfirma la tendencia a la baja de estos recursos, manteniendo la economía departamental en una fase crítica.
La administración se encuentra en un proceso constante de asignación de recursos, una tarea compleja dada la insuficiencia de los fondos para cubrir todas las obligaciones. Se ha logrado saldar el sueldo de agosto para el sector salud, y se anticipa el pago de septiembre para el mismo sector, que experimentó retrasos significativos. Sin embargo, la escasez de liquidez podría implicar que parte del personal del Ejecutivo y de la Asamblea Departamental enfrente demoras en la percepción de sus salarios.
En cuanto a los programas sociales, como el Prosol y la canasta alimentaria, su implementación se realiza de manera gradual, ajustándose a la disponibilidad de fondos. La esperanza es finalizar el año sin agravar la situación, aunque las previsiones para el próximo ejercicio fiscal son alarmantes.
El año 2026 presenta un desafío considerable, ya que se deberán retomar los pagos íntegros de las cuotas de deuda. A esto se suma la notificación de nuevas y cuantiosas obligaciones. Entre ellas, figura una deuda de 6 millones de bolivianos relacionada con un canal de riego en Timboy, cuya existencia es cuestionada. Este caso, que inicialmente ascendía a 12 millones, fue reducido por la gestión actual, pero todos los recursos legales han sido agotados y la orden de pago es inminente.
Otro litigio de gran magnitud concierne a un programa de mejoramiento productivo en San Josecito, provincia O’Connor, vinculado a una administración subgobernacional anterior. Existe una sentencia judicial que exige el pago de 18 millones de bolivianos, con un plazo extraoficial de tres días para su cumplimiento.
Adicionalmente, la gobernación enfrenta otras sentencias judiciales de administraciones pasadas, no de la actual, por montos que superan los 30 millones de bolivianos, relacionados con las variantes del camino al Chaco, específicamente en Zapaterambía. La gestión actual se enfoca en negociar la reducción de estas cuantías.
Ante este panorama, la administración ha enfatizado la urgencia de que la Asamblea Departamental modifique la normativa vigente. Se argumenta que la legislación actual expone al gobierno departamental a una vulnerabilidad legal que impide cualquier maniobra para evitar estas obligaciones, incluso cuando se han tomado medidas para proteger los fondos públicos, lo que en ocasiones ha conllevado riesgos legales para los funcionarios
