A un mes de la celebración de las elecciones subnacionales en Bolivia, el proceso electoral entra en su fase decisiva, marcada por una serie de actividades clave que determinarán el desarrollo y desenlace de la contienda. Con una fecha fijada para el 22 de marzo, aproximadamente 7,4 millones de ciudadanos están convocados a acudir a las urnas para renovar la representación en distintos niveles del poder territorial. Este evento electoral es especialmente significativo, ya que contempla la elección de más de 5.000 autoridades distribuidas en diversas instancias, incluyendo gobernadores, vicegobernadores, subgobernadores, corregidores, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales, así como representantes de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos. La complejidad del proceso refleja la diversidad política y territorial del país y pone en juego la configuración del poder subnacional para los próximos años.
El calendario electoral ha comenzado a sincronizar dos grandes dimensiones fundamentales para el éxito del proceso: por un lado, la competencia política entre los candidatos que intensifican sus campañas buscando persuadir a los electores; por otro lado, los aspectos logísticos y organizativos que garantizan el correcto funcionamiento de las mesas receptoras del voto. En este contexto, uno de los hitos iniciales fue la designación y notificación de los jurados electorales, quienes desempeñarán un papel esencial en la supervisión y administración del sufragio. A nivel nacional fueron sorteados más de 200 mil ciudadanos para cubrir las 33.439 mesas habilitadas en todo el territorio. La notificación a estos jurados comenzó a partir del 21 de febrero y se extenderá hasta el mismo día de las elecciones.
Este proceso incluye también un mecanismo reglamentado para que los jurados puedan presentar excusas ante los Tribunales Electorales Departamentales si existen impedimentos legales o personales como enfermedades certificadas médicamente, embarazo o motivos de fuerza mayor debidamente comprobados. Además, se contempla que aquellos ciudadanos designados que sean dirigentes o candidatos acreditados de organizaciones políticas puedan excusarse para evitar conflictos de interés. Paralelamente a estos procesos formales, se ha programado una capacitación exhaustiva dirigida a los jurados electorales que comenzará el 2 de marzo y se extenderá hasta el día mismo de la votación. Esta capacitación es vital para asegurar que quienes estarán al frente de las mesas comprendan plenamente sus responsabilidades y protocolos a seguir durante la jornada electoral.
En cuanto a la propaganda electoral, el calendario establece un periodo permitido desde el 20 de febrero hasta el 18 de marzo para su difusión en medios masivos. Sin embargo, esta propaganda debe cumplir con criterios inclusivos muy específicos: deberá incorporar lenguaje de señas para garantizar accesibilidad a personas con discapacidad auditiva y respetar principios relacionados con la equidad de género. Esta medida busca asegurar que toda la población pueda acceder a la información electoral sin exclusiones ni discriminaciones y refleja un avance significativo hacia campañas más inclusivas y representativas.
Por otro lado, las encuestas electorales también están reguladas dentro del calendario: podrán ser difundidas hasta cinco días antes del acto comicial; es decir hasta el 15 de marzo. A partir del 20 del mismo mes entrará en vigencia el silencio electoral que prohíbe cualquier tipo de propaganda o difusión que pueda influir directa o indirectamente en la intención del voto durante los días previos a la elección.
El proceso también contempla aspectos importantes relacionados con la definición definitiva de candidaturas. Hasta el 7 de marzo se podrán presentar demandas para inhabilitar postulaciones consideradas irregulares o improcedentes. Asimismo, existe un plazo ordinario para sustituciones dentro del periodo comprendido hasta el 18 de marzo; además se habilita un periodo excepcional para reemplazos justificados por situaciones sobrevenidas como fallecimiento o incapacidad permanente. Estas disposiciones tienen como objetivo garantizar transparencia y legalidad en las candidaturas participantes.
En cuanto al debate público entre candidatos —una instancia fundamental para fortalecer el voto informado— se ha dispuesto una serie simultánea regionalizada bajo coordinación del Órgano Electoral Plurinacional (OEP). Aunque no es obligatorio según normativa vigente, desde autoridades electorales se ha enfatizado su importancia ética y democrática invitando a todos los postulantes a participar activamente. Se organizarán diecinueve debates distribuidos entre gobernaciones y ciudades capitales con fechas confirmadas: alcaldías debatirán sus propuestas el 8 marzo mientras que gobernaciones lo harán una semana después.
En esta fase final también se realizarán publicaciones clave para facilitar la participación ciudadana: el domingo 15 se divulgará oficialmente la ubicación exacta donde cada elector deberá acudir a sufragar; cuatro días después se informará sobre los lugares destinados al cómputo departamental; finalmente el día mismo comicial (22 marzo) los Tribunales Electorales Departamentales asumirán control operativo total sobre fuerzas públicas implicadas en resguardar recintos electorales y garantizar orden durante toda la jornada.
El Gobierno complementó este despliegue logístico con una ampliación presupuestaria autorizada mediante decreto supremo por Bs 25,9 millones adicionales destinados principalmente a consultorías especializadas necesarias dada la magnitud y complejidad organizativa inherente al proceso subnacional.
Finalmente es importante destacar que esta elección no solo definirá autoridades ejecutivas sino también legislativas regionales: estarán en juego nueve gobernadores departamentales junto con vicegobernadores en cuatro departamentos; subgobernadores y corregidores; además serán electos más de ciento cuarenta asambleístas departamentales distribuidos según territorio poblacional e indígenas originarios campesinos; así como alcaldesas y concejales municipales superando dos mil cargos disponibles. Esta renovación masiva configurará nuevamente el mapa político regional otorgando nuevos liderazgos e influyendo directamente sobre políticas públicas locales.
En suma, este proceso electoral representa una coyuntura crucial donde convergen múltiples actores sociales e institucionales bajo estrictos marcos normativos buscando asegurar elecciones transparentes e inclusivas con amplia participación ciudadana. La organización logística desplegada junto con mecanismos legales claros permiten prever una jornada ordenada mientras que las actividades políticas como campañas y debates contribuyen al fortalecimiento democrático mediante mayor información e interacción entre candidatos y electores. El resultado definirá no solo autoridades sino también dinámicas políticas territoriales claves para Bolivia en los próximos años
