Marcelo Arce Mosqueira, hijo mayor del expresidente Luis Arce Catacora, se encuentra en el centro de una investigación judicial que pone bajo cuestionamiento su patrimonio y sus vínculos con la estatal YPFB. A sus 33 años, recientemente cumplidos, Marcelo enfrenta serias acusaciones por legitimación de ganancias obtenidas de forma ilícita, lo que ha derivado en su detención preventiva y una compleja trama de denuncias que involucra tanto a él como a su familia.
La pesquisa judicial comenzó a tomar fuerza tras detectar un incremento patrimonial considerable en Marcelo Arce, que no se corresponde con sus ingresos oficiales ni con su perfil económico declarado. Según las indagaciones, el joven posee a su nombre 18 bienes inmuebles y 20 vehículos, un patrimonio inusual para alguien de sus antecedentes laborales y edad. Particularmente llamativas fueron dos transacciones financieras detectadas por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), por valores superiores a los 300.000 y 500.000 bolivianos respectivamente, realizadas entre 2022 y 2024. Este período coincide con la gestión del Movimiento al Socialismo (MAS), partido político al que pertenece su padre.
La UIF realizó un análisis detallado comparando los ingresos oficiales de Marcelo Arce con sus movimientos económicos y concluyó que existía una discrepancia significativa, lo cual motivó la apertura formal de una investigación penal por parte del Ministerio Público. La orden de aprehensión contra él fue emitida bajo el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal debido a indicios claros de responsabilidad, riesgo de fuga y posible obstaculización del proceso judicial.
El operativo policial que llevó a su captura se realizó el 18 de marzo en el barrio Equipetrol, cuando circulaba en una Ford Raptor valorada en aproximadamente 110.000 dólares. Previamente, agentes realizaron un allanamiento en un departamento ubicado en el edificio Sky donde no se encontraba el investigado pero se incautaron importantes sumas de dinero en efectivo —16.500 dólares y 40.000 bolivianos— junto con una camioneta y un casco oficial de YPFB. Este hallazgo reforzó las sospechas sobre la posible utilización indebida de recursos públicos.
El viceministro de Transparencia, Yamil García, explicó que Marcelo Arce no solo habría acumulado patrimonio sin justificación sino que además mantuvo una influencia directa dentro de YPFB incluso después de cesar formalmente sus funciones como jefe de Ingeniería en YPFB Chaco. Se presume que seguía operando desde un piso dentro de la estatal petrolera para direccionar procesos contractuales mediante servidores públicos que ahora se encuentran bajo investigación.
Este caso está estrechamente vinculado con otro proceso judicial más amplio y políticamente sensible conocido como Botrading. Este expediente aborda presuntas irregularidades relacionadas con contratos para el suministro de combustibles a YPFB por parte de la empresa Botrading. En septiembre del año anterior, la Cámara de Diputados aprobó un informe final señalando posibles daños económicos al Estado a raíz de contratos cuestionados y recomendó remitir los antecedentes tanto al Ministerio Público como a la Contraloría General del Estado para investigaciones adicionales.
En enero siguiente, YPFB presentó una segunda denuncia enfocada en el destino desconocido de un préstamo millonario otorgado por YPFB Refinación a Botrading para operar en Paraguay, por un monto aproximado a los 55 millones dólares dentro de un crédito total cercano a los 80 millones otorgados para esa operación. Este desarrollo dividió las investigaciones entre contratos contractuales observados y el destino del financiamiento millonario aún sin esclarecer.
En este contexto, el ministro de Gobierno Marco Antonio Oviedo ha señalado abiertamente a Marcelo Arce como pieza clave dentro del entramado irregular detectado en la estatal petrolera durante la gestión anterior. Lo definió como amo y señor dentro de YPFB debido al control significativo ejercido sobre decisiones importantes junto con Armin Dorgathen, expresidente detenido e investigado por Botrading que actualmente permanece prófugo en Brasil.
Además, Oviedo alertó sobre la existencia persistente de una estructura delictiva dentro de YPFB responsable no solo del manejo irregular sino también vinculada con problemas como la reciente crisis generada por combustibles contaminados distribuidos al mercado nacional.
Por ahora, las autoridades judiciales mantienen el foco principal sobre las evidencias relativas al origen ilícito del patrimonio acumulado por Marcelo Arce Mosqueira y los movimientos financieros asociados. El fiscal general Roger Mariaca confirmó que la investigación abarca también al expresidente Luis Arce Catacora y otros miembros familiares involucrados en actividades patrimoniales sospechosas previas.
Adicionalmente, existen indicios preliminares que podrían ampliar las imputaciones hacia delitos relacionados con uso indebido de influencias o daño económico al Estado si se confirma que dichos recursos provienen directamente o indirectamente desde contratos públicos gestionados desde YPFB.
Este caso adquiere mayor relevancia política dado que Luis Arce Catacora cumple detención preventiva desde diciembre pasado en el penal San Pedro acusado dentro del caso Fondo Indígena —otro proceso judicial distinto pero igualmente delicado— lo cual implica que padre e hijo enfrentan simultáneamente procesos penales ligados a presuntas irregularidades económicas durante sus respectivas gestiones públicas o actividades conexas.
Mientras tanto, las próximas horas serán decisivas para definir si Marcelo Arce Mosqueira continuará su proceso bajo custodia carcelaria o si podrá afrontar la investigación en libertad condicional tras la audiencia cautelar prevista ante el juez competente. Esta situación marca un antes y un después para la familia Arce Catacora cuyo futuro inmediato está condicionado por estas investigaciones judiciales.
Además, se ha revelado información extraoficial según la cual Marcelo pudo haber sido detenido incluso antes del operativo público realizado el miércoles pasado; esta circunstancia ha generado una investigación paralela destinada a esclarecer posibles actos irregulares dentro del cuerpo policial involucrado, ya que al menos siete agentes están siendo indagados por presunto encubrimiento o protección indebida hacia el hijo mayor del expresidente.
En suma, este episodio representa un complejo entramado legal-político donde convergen investigaciones sobre corrupción pública, manejo irregular estatal y estructuras criminales internas cuya resolución tendrá repercusiones significativas tanto para los implicados directamente como para la percepción ciudadana sobre transparencia y justicia en las instituciones bolivianas
