Hace dos años y siete meses, Cochabamba fue sacudida por el brutal asesinato de una pareja de adultos mayores, Francisco Velasco S. y María Consuelo Jordán Z., quienes fueron encontrados sin vida en su residencia ubicada en la avenida Tadeo Haenke. Francisco, de 76 años, y María Consuelo, de 70, se dedicaban a la importación de perfumes europeos. El 25 de marzo de 2023, sus cuerpos fueron hallados con múltiples heridas punzocortantes; él presentaba al menos trece heridas, una de ellas mortal en el corazón, mientras que ella tenía ocho, incluida una en el cuello. La ausencia de signos de fuerza en la puerta de la vivienda llevó a las autoridades a sospechar que los responsables tenían acceso y confianza dentro del círculo cercano de las víctimas.
Actualmente, el proceso judicial está en marcha, con dos personas acusadas: Luis Javier V., hijo de Francisco, y Alex A.R., médico de la pareja, quien gozaba de una relación de confianza casi familiar con ellos. Luis Javier se encuentra en detención preventiva desde marzo de 2024 en el penal de El Abra, mientras que Alex estuvo recluido en el penal de San Sebastián Varones desde agosto de 2023 hasta hace seis meses y ahora cumple detención domiciliaria bajo custodia policial.
Ambos negaron cualquier implicación en el doble homicidio, pero las pruebas recopiladas por la investigación los señalan como principales sospechosos. El hijo enfrenta cargos por parricidio y el médico por asesinato. Al inicio, sus declaraciones parecían coherentes, pero los análisis de geolocalización y la revisión de sus teléfonos celulares revelaron inconsistencias que contradicen sus versiones.
Luis Javier proporcionó un relato detallado sobre sus movimientos el día del crimen, incluyendo horarios y lugares, incluso presentó fotografías como respaldo. Sin embargo, los datos de su celular indicaron que estuvo en la escena del crimen en el momento señalado, invalidando su coartada. Por su parte, Alex afirmó no haber tenido contacto ni haber salido de su domicilio en ese día, pero las pericias demostraron que sí se comunicó con Francisco, salió de su casa y borró mensajes de su teléfono, mientras que en el dispositivo de la víctima quedó registro de esas comunicaciones.
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) confirmó que Alex negó haber hablado o visto a la pareja entre el 24 y 25 de marzo, pero se descubrió que eliminó registros de llamadas y mensajes anteriores al 10 de abril en una línea telefónica vinculada a WhatsApp, utilizada para comunicarse con las víctimas. Además, aunque el médico declaró que solo atendió pacientes desde su domicilio y consultorio el 24 de marzo, la certificación de la empresa telefónica evidenció que se desplazó por la zona de La Chimba y desactivó la ubicación de su dispositivo durante los horarios del crimen, algo que no hizo en días cercanos.
La relación entre Alex y la pareja comenzó en 2013, cuando se conocieron durante una feria. El médico se convirtió en su confidente y, tras un tiempo de vivir en hoteles, la pareja le ofreció alojamiento en su hogar para evitarle gastos, asignándole una habitación y acceso a la vivienda durante al menos dos años. Según la empleada doméstica, Alex era el único poseedor de la llave de la casa, incluso por encima del propio hijo de Francisco.
El abogado de la familia de Francisco sostiene que ambos acusados compartían un motivo económico para cometer el crimen. Luis Javier enfrentaba deudas considerables y préstamos con métodos de cobro agresivos, mientras que tras la muerte de sus padres sería el único heredero de una suma importante producto de la venta de un terreno. El médico también acumulaba numerosas deudas, incluyendo atrasos en el alquiler de su vivienda y consultorio, así como préstamos con familiares y conocidos, entre ellos los esposos.
Aunque Luis Javier y Alex aseguraron que su relación no era cercana, testigos contradicen esta afirmación y la policía confirmó que el médico tenía acceso privilegiado a la casa, lo que coincide con la falta de signos de violencia en la entrada. Entre las evidencias más relevantes están los análisis de los teléfonos móviles de los acusados y las víctimas, junto con los registros de geolocalización.
Algunas pruebas físicas resultaron inconclusas, como un cuchillo encontrado con sangre que impidió obtener huellas dactilares claras, y muestras recogidas bajo las uñas de las víctimas que no coincidieron con los acusados. Sin embargo, se presume que Luis Javier y Alex podrían haber actuado como autores intelectuales, facilitando la entrada de terceros al domicilio al conocer la rutina de la pareja.
Durante la inspección de la escena del crimen, los peritos hallaron una ampolla con características que sugieren la posible administración de sedantes a las víctimas. Posteriormente, en un allanamiento al consultorio del médico, se encontró otra ampolla similar, lo que añade un elemento más al caso.
El juicio oral continúa su curso ante el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres 1 de Cochabamba. Hasta finales de octubre, aproximadamente una decena de testigos han declarado, y se espera que entre 15 y 20 personas más lo hagan en próximas sesiones. Además del Ministerio Público, la acusación particular está representada por la hermana de Francisco y la familia de María Consuelo.
El caso tuvo un inicio marcado por el reporte del hijo, quien alertó a la policía tras recibir la llamada de una empleada de la tienda familiar que no pudo abrir el negocio ni localizar a los dueños. Al llegar a la casa, Luis Javier observó el vehículo de su padre estacionado, lo que le llevó a ingresar por una pared y descubrir los cuerpos sin vida de sus padres. La investigación inicial se prolongó varios meses sin detenciones, hasta que en agosto de 2023 fue arrestado el médico y en marzo de 2024 el hijo.
Con la etapa preparatoria concluida, el proceso judicial avanza hacia una resolución en la que el tribunal evaluará todas las pruebas y testimonios para determinar la responsabilidad penal de los acusados en este caso que estremeció a la comunidad cochabambina
