La violencia relacionada con el narcotráfico sigue azotando con fuerza la región del Trópico de Cochabamba, donde recientemente fue asesinado Rubén López Quiroz, un hombre de 36 años que presentaba un historial criminal ligado al tráfico ilegal de armas de guerra. Según las investigaciones policiales, López Quiroz fue víctima de un ataque a tiros el 2 de febrero mientras transitaba por el camino hacia Valle Sajta. Tres sicarios interceptaron su vehículo y le dispararon hasta causarle la muerte, asestándole al menos 25 impactos de bala antes de huir del lugar sin ser capturados.
Este asesinato se suma a una preocupante ola de violencia extrema que afecta al Chapare, zona conocida por su alta incidencia en actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico. Las autoridades policiales atribuyen estos hechos a ajustes de cuentas entre grupos mafiosos dedicados a este negocio ilegal, que operan con armas de alto calibre y mantienen un clima constante de inseguridad para la población local. La comunidad que alertó inicialmente sobre el crimen se mostró reticente a brindar más información por temor a represalias, lo que refleja el ambiente hostil y peligroso que impera en la región.
La Policía realizó el levantamiento legal del cadáver y profundizó las pesquisas sobre la víctima, descubriendo que López Quiroz contaba con antecedentes penales relacionados con tráfico y posesión ilegal de armamento militar. En abril de 2023 fue detenido tras una persecución policial que involucró tanto a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) como a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn). Durante esa operación, se produjo un choque entre tres vehículos en fuga y cuatro sujetos intentaron escapar adentrándose en la vegetación; todos fueron capturados. López Quiroz lideraba este grupo y portaba un fusil calibre 5.56 milímetros, mientras que en el vehículo se incautaron varias armas de guerra adicionales, incluyendo pistolas 9 milímetros y fusiles ametralladoras calibre 7.62.
Las armas decomisadas tenían relación directa con crímenes violentos como secuestros y asesinatos relacionados con ajustes entre bandas criminales. La Policía también confirmó que Moisés López, hermano de Rubén y también implicado en actividades ilícitas similares, fue asesinado ese mismo año mientras conducía su vehículo en Entre Ríos. Ambos hermanos habían sido arrestados anteriormente pero quedaron en libertad bajo medidas sustitutivas judiciales, situación que podría haber facilitado la continuidad de sus actividades delictivas.
En paralelo a estos hechos, las autoridades reportaron otro incidente grave ocurrido meses atrás durante una operación contra traficantes armados en San Miguelito de Chimoré. Allí fue capturado un ciudadano colombiano portando armamento bélico avanzado, incluyendo un fusil equipado con mira telescópica y municiones en gran cantidad. En esa confrontación falleció un teniente policial ahogado durante la persecución. Las investigaciones apuntan a que estas armas son empleadas para perpetrar secuestros y asesinatos vinculados al narcotráfico, evidenciando la peligrosidad y sofisticación creciente del armamento utilizado por estas organizaciones criminales.
El narcotráfico no solo genera violencia directa sino también otros delitos conexos como los secuestros extorsivos. Recientemente se registró el rapto de una mujer en Yapacaní, quien fue liberada tras el pago de un rescate millonario equivalente a 30 mil dólares. El secuestro ocurrió hace apenas unos días cuando desconocidos la interceptaron en un vehículo; posteriormente fue abandonada sana y salva cerca del sector Campo Víbora. La familia confirmó la entrega del dinero exigido por los captores para lograr su liberación.
Las autoridades atribuyen este secuestro a conflictos internos dentro del narcotráfico relacionados con cuentas pendientes o ajustes entre grupos rivales. Además, el fiscal general Róger Mariaca informó que la víctima está siendo investigada tanto como afectada por este delito como sospechosa dentro de otra causa judicial por presunta legitimación de ganancias ilícitas ligada al tráfico ilegal de sustancias controladas. Esto refleja la complejidad y entrelazamiento entre víctimas y presuntos involucrados dentro del entramado narcocriminal.
Este conjunto de hechos violentos pone en evidencia una crisis profunda en materia de seguridad pública en el Trópico cochabambino y zonas circundantes. La presencia activa y violenta del narcotráfico no solo genera pérdidas humanas sino también genera temor e incertidumbre entre los habitantes locales, quienes ven afectada su calidad de vida diaria ante la falta aparente de control efectivo sobre estos grupos criminales. La Policía continúa sus investigaciones intensificadas para desarticular estas redes ilegales pero enfrenta grandes desafíos debido al poder económico y armado que poseen estas organizaciones.
En definitiva, los recientes acontecimientos reflejan una escalada alarmante en las prácticas violentas asociadas al narcotráfico en esta región boliviana, donde ajustes sanguinarios entre mafias armadas se cobran vidas humanas con impunidad relativa mientras la población civil queda atrapada entre medio del conflicto criminal y sus consecuencias devastadoras para la seguridad social
