Doce individuos, parte de un grupo inicial de veintinueve comunarios y activistas vinculados a la zona de Tariquía, han sido formalmente imputados por la Fiscalía. Estas personas enfrentan cargos por presuntamente haber obstaculizado las operaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Petrobrás en el pozo Domo Oso X3, situado en el área de Chiquiacá.
La denuncia inicial, presentada por la estatal petrolera YPFB, se dirigía contra el conjunto de veintinueve personas, bajo la acusación de haber impedido sus labores. Por su parte, los pobladores de la zona han sostenido que iniciaron una acción de protesta en el acceso a Saicán, argumentando que los funcionarios de las empresas no contaban con la debida autorización para ingresar al área del pozo y que no se respetó la postura adoptada por las once comunidades afectadas.
El proceso judicial experimentó un primer revés cuando, en enero de este año, un fiscal desestimó la denuncia inicial. La decisión se fundamentó en la aparente falta de indicios suficientes para sustentar una acusación en una etapa de juicio oral. No obstante, esta determinación fue posteriormente revocada por la fiscal departamental, Sandra Gutiérrez, quien consideró que aún quedaban diligencias pendientes.
Como resultado de las actuaciones posteriores, la Fiscalía ha emitido ahora dos resoluciones distintas. Una de ellas dispone el archivo de la causa a favor de diecisiete de las veintinueve personas inicialmente señaladas. La otra resolución constituye la formal imputación contra los restantes doce individuos. Los cargos específicos que se les imputan son dos: atentado contra la libertad de trabajo, e impedir y estorbar la función pública.
Hasta el momento, los afectados no han sido formalmente notificados de estas resoluciones. Sin embargo, han tomado conocimiento de las mismas a través del sistema informático del Ministerio Público. La resolución de imputación lleva la firma del fiscal de materia Beimar Farfán y fue emitida el 29 de abril
