Una reciente disposición gubernamental que eleva los salarios en ciertas entidades estatales ha generado un intenso debate en el país. Aunque el Ejecutivo defiende la medida como un derecho fundamental de los trabajadores, diversas voces desde Tarija la califican de populista, señalando al mismo tiempo la persistente escasez de combustibles y la precariedad en otros servicios esenciales.
El Decreto Supremo N° 5461, promulgado el 22 de septiembre de 2025, formaliza un ajuste salarial que puede alcanzar hasta el cinco por ciento para el personal de empresas públicas y aquellas donde el Estado central posee una participación mayoritaria. Esta normativa, impulsada por el presidente Luis Arce Catacora y difundida en la Gaceta Oficial, abarca a entidades supervisadas por los ministerios de Hidrocarburos y Energías, Obras Públicas, Minería y Metalurgia, así como Economía y Finanzas Públicas.
Sin embargo, la implementación de esta medida no ha transcurrido sin controversia. Desde la región de Tarija, diversas organizaciones cívicas y sociales han manifestado su rotundo desacuerdo. Acusan al gobierno de emplear los recursos estatales para fines de congraciamiento político con su base funcionarial, en un momento en que varias regiones del país enfrentan un desabastecimiento crítico de carburantes y recortes significativos en la inversión pública.
La normativa establece que el incremento salarial tendrá carácter retroactivo al 1 de enero de 2025 y deberá ser abonado a más tardar el 30 de septiembre del presente año. Entre las corporaciones beneficiadas se encuentran la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y sus subsidiarias (como ENDE Andina, ENDE Corani, ENDE Transmisión, entre otras), la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL S.A.), compañías mineras como Vinto, Colquiri, Huanuni y Corocoro, y la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo.
Es importante destacar que el decreto excluye explícitamente a altos ejecutivos, incluyendo gerentes generales, nacionales, regionales, subgerentes, y a aquellos empleados de las filiales de ENDE cuyos salarios superen los Bs 12.148. El financiamiento de este aumento deberá provenir de los recursos propios de cada empresa, sin que ello implique un incremento en los precios de los servicios ofrecidos ni la utilización de transferencias del Tesoro General de la Nación.
El Gobierno justifica esta determinación amparándose en preceptos constitucionales y leyes preexistentes que dictaminan que los ajustes salariales deben ser autorizados mediante decreto supremo y financiados con las utilidades operativas de las empresas. Se argumenta que esta es una vía para asegurar una remuneración justa para los trabajadores del sector público.
No obstante, desde Tarija, portavoces del Comité Cívico y de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve) han tachado la norma como un golpe a las regiones y un nuevo error de la administración del presidente Arce, especialmente a pocas semanas de la conclusión de su mandato.
Jesús Gira, presidente del Comité Cívico, afirmó que el decreto carece de constitucionalidad y representa una decisión unilateral del gobierno para premiar la inactividad de servidores públicos que, según él, participaron en manifestaciones de apoyo al presidente. Gira argumentó que la medida resultaba inconcebible e inviable, dado que muchas de estas empresas estatales, financiadas inicialmente por el Banco Central de Bolivia, no han logrado saldar sus deudas, y una considerable parte de ellas operan con déficit. Lamentó que, en medio de una profunda crisis económica nacional, el presidente Arce adopte medidas de índole política para complacer a sus seguidores, enfatizando que en una etapa de transición no deberían implementarse este tipo de acciones.
Una perspectiva similar fue compartida por Celestino Barro, presidente de Fedjuve, quien explicó que los ciudadanos están lidiando con la crisis económica y la inflación, e incluso han solicitado a las autoridades la reducción de los precios de la canasta familiar. En este contexto, la decisión gubernamental resulta inoportuna. Barro advirtió que un incremento salarial podría ser interpretado por los comerciantes como una justificación para no bajar los precios, lo que podría generar conflictos entre los vecinos. Además, recordó que existen más de un centenar de peticiones al gobierno para resolver el abastecimiento de carburantes, una demanda que no ha sido satisfecha bajo el argumento de falta de recursos económicos, lo que contrasta con la aprobación del actual incremento salarial.
El gobernador de Tarija, Oscar Montes, calificó la creación de nuevas obligaciones financieras para el Estado como irresponsable, especialmente cuando ya se enfrenta un déficit fiscal y una escasez de recursos. Montes subrayó la imprudencia de adoptar tales medidas cuando la administración actual se encuentra en su fase final.
El economista tarijeño Fernando Romero, al analizar la situación, sugirió que en el actual escenario de crisis económica, la prioridad debería ser la implementación de medidas de mesura y austeridad. Enfatizó que la adopción de este tipo de decisiones al término de la gestión gubernamental solo evidencia un actuar político. Romero advirtió que en los últimos tiempos se han observado medidas populistas destinadas a favorecer a ciertos sectores que han respaldado al gobierno, generando al mismo tiempo cargas económicas significativas para el Estado. Proyectó que Bolivia podría cerrar el año con un déficit fiscal del 11%, considerando los incrementos salariales y las operaciones financieras ejecutadas en los meses recientes.
Consultado sobre el impacto económico de esta medida en las empresas estatales, Romero estimó que beneficiará a más de 3.000 empleados, aunque reconoció desconocer la magnitud exacta de la repercusión financiera. Señaló que este incremento salarial se presenta como una gran decisión, cuando los recursos podrían haberse destinado a otras partidas para atender necesidades urgentes de la población, como la disponibilidad de dólares, el control de la inflación y el suministro de carburantes. Aunque reconoció que los trabajadores de empresas estatales también sufren la crisis económica y que desde una perspectiva social el aumento podría parecer equitativo, Romero apuntó que quienes ocupan estos puestos laborales suelen percibir salarios más elevados en comparación con los de instituciones públicas como alcaldías o gobernaciones
