La actividad legislativa en la Asamblea Legislativa Plurinacional atraviesa un periodo de profunda inestabilidad, evidenciado por la interrupción de dos sesiones consecutivas. Esta situación se ha visto exacerbada por alegaciones de manipulación en las votaciones, el incumplimiento de acuerdos previamente establecidos y marcadas diferencias en torno a los contratos de explotación de litio.
La octava sesión, programada para el día de ayer, no pudo ser reinstalada y fue finalmente suspendida por la autoridad que preside el cuerpo legislativo, David Choquehuanca. La decisión se fundamentó en la ausencia de la mayoría necesaria para el cuórum en la directiva, específicamente por la falta de secretarios de la Cámara de Diputados en la capital. Esta interrupción ha dejado la agenda parlamentaria en un estado de parálisis, con el anuncio de que la fecha para el receso legislativo será comunicada posteriormente.
Entre los asuntos de vital importancia que quedaron en suspenso tras esta suspensión se encuentra la aprobación detallada de un crédito de 30 millones de dólares proveniente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Asimismo, se postergó la abrogación de las leyes 741, 1171 y 337, normativas que han sido objeto de considerable controversia debido a que autorizan la deforestación de hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades, establecen sanciones leves por quemas y conceden una amnistía para desmontes y quemas realizadas con anterioridad, a pesar de sus evidentes impactos ambientales.
Adicionalmente, una serie de nuevos empréstitos, que suman aproximadamente 1.115 millones de dólares en la Cámara de Diputados y 340 millones de dólares en la Cámara de Senadores, permanecen sin tratamiento. Esto incluye un préstamo de 100 millones de dólares de JICA, propuesto por el Ejecutivo para asegurar el voto de ciudadanos residentes en el exterior en las elecciones programadas para el 17 de agosto.
El consenso que había permitido avanzar con una agenda legislativa mínima, que contemplaba la aprobación de créditos externos y leyes consideradas urgentes para la administración actual, como la reposición de interpelaciones, la limitación de interinatos y la regulación electoral, se ha visto seriamente comprometido. La principal causa de este quiebre es la inclusión imprevista de un nuevo contrato para la explotación de litio en la Cámara de Diputados.
El acuerdo para la explotación de litio en el salar de Uyuni con la empresa china Hong Kong CBC Investment Limited, sucursal Bolivia, fue incorporado a la agenda de la Cámara de Diputados para su consideración el 3 de julio. No obstante, durante esa prolongada sesión, las objeciones de legisladores de la oposición impidieron su debate. Días después, el 9 de julio, la Comisión de Economía Plural intentó promover otro contrato, esta vez con la compañía rusa Uranium One, lo que generó una nueva escalada de tensiones.
Representantes de la oposición han manifestado que estos episodios han fracturado la concordia política y la agenda de mínimos consensos construida entre el poder Ejecutivo y el Legislativo para viabilizar los créditos. Se ha señalado que, a pesar de la disposición para colaborar en la resolución de problemas estructurales, la insistencia en tramitar la ley del litio está obstaculizando el progreso de la agenda acordada, sugiriendo que el interés gubernamental se inclina más hacia aspectos particulares que hacia las necesidades de la ciudadanía.
Desde las filas del partido oficialista, se ha sugerido que el proyecto de ley relativo al litio debería ser pausado en la comisión correspondiente para dar prioridad a los acuerdos ya establecidos, especialmente en lo que respecta a los créditos que son considerados fundamentales para el país, recordando el compromiso sobre el financiamiento para el voto exterior en las próximas elecciones
