Un mes después de los eventos que paralizaron diversas regiones del país, con especial impacto en Cochabamba y Llallagua, Potosí, la Defensoría del Pueblo ha divulgado un informe preliminar que detalla las repercusiones humanas y sociales de las protestas ocurridas entre el 2 y el 16 de junio. Este análisis, titulado Situación de la Conflictividad en Bolivia – junio de 2025, revela una cifra de decesos que inicialmente no había sido reconocida de manera oficial por las autoridades.
El documento, presentado por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, identifica un total de ocho personas fallecidas, 173 heridas y 201 aprehendidas durante las movilizaciones, las cuales fueron impulsadas por seguidores del expresidente Evo Morales en demanda de su habilitación como candidato a la primera magistratura. Entre los fallecidos, el informe destaca dos casos particulares que amplían el panorama de las víctimas mortales. Nemecio Cuiza Canaviri, un adulto mayor de 73 años, perdió la vida el 9 de junio en la carretera Oruro–Cochabamba, aparentemente a causa de un paro cardíaco súbito, tras una caminata de más de cinco horas en medio de los bloqueos. De mayor gravedad, y con menor visibilidad en los reportes iniciales, fue el deceso de Samuel Cruz Gutiérrez, de 19 años, ocurrido el 12 de junio en Cruce Arque, Cochabamba, durante una operación de desbloqueo. El informe sugiere que su muerte se produjo por el impacto de un proyectil de arma de fuego, y el documento resalta la ausencia de una autopsia en los restos del joven.
En respuesta a estos sucesos, el Ministerio Público y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) han iniciado cinco procesos penales: cuatro por asesinato y uno por homicidio. Al 4 de julio, tres de estas causas se encontraban en etapa preliminar y dos en etapa preparatoria, generando preocupación en la Defensoría por la identificación de siete adolescentes entre los investigados. En cuanto a las detenciones, de las 201 personas aprehendidas, 36 permanecen con detención preventiva y 32 enfrentan procesos penales activos por delitos que incluyen uso de explosivos, atentado a la seguridad del Estado, asesinato e intento de homicidio. Adicionalmente, el informe documenta cuatro agresiones a periodistas, ocho incidentes de obstrucción a ambulancias y ataques al personal médico, así como actos de violencia contra transportistas.
Las protestas no solo dejaron un saldo humano, sino que también generaron pérdidas económicas millonarias en sectores vitales como la agricultura, la ganadería, el transporte y el comercio. El derecho a la educación también se vio afectado, con la suspensión de clases en localidades como Betanzos y Llallagua. El informe contextualiza la conflictividad dentro de un escenario de tensión que se arrastra desde 2024 y se amplificó en 2025, alimentado por la polarización política, una crisis económica que incluye escasez de combustibles, falta de dólares, alza de precios de productos básicos e inflación.
La Defensoría del Pueblo desempeñó un rol activo durante el conflicto, convocando mesas de concertación para lograr una tregua humanitaria en Llallagua, prestando apoyo logístico para el traslado de heridos y cuerpos, y realizando un seguimiento cercano a las investigaciones y audiencias cautelares. El Defensor Pedro Callisaya enfatizó la complejidad de la coyuntura, marcada por factores electorales, una crisis económica y la inflexibilidad política, haciendo un llamado a no normalizar la vulneración de derechos ni la pérdida de vidas. Subrayó que, si bien el derecho a la protesta está constitucionalmente protegido, este posee límites claros: no debe ser violento, ni afectar los derechos de terceros, ni impedir el acceso a servicios básicos, ya que de lo contrario, deslegitima cualquier demanda
