En Tarija, la preocupación por la calidad de la gasolina que se comercializa en el mercado local ha escalado, generando un amplio movimiento institucional orientado a identificar y mitigar los daños ocasionados a vehículos motorizados. Este fenómeno no solo afecta a propietarios particulares, sino también a transportistas públicos, lo que ha impulsado a diversas organizaciones a coordinar esfuerzos para recopilar información detallada sobre los perjuicios causados por el combustible defectuoso. La Federación del Autotransporte 15 de Abril y el Comité Cívico regional lideran el registro de quejas y denuncias, mientras que la Confederación Universitaria de Docentes (CUD) ha iniciado un censo nacional para documentar casos similares entre sus afiliados. Estas acciones buscan establecer un panorama claro que permita exigir al Gobierno Nacional una respuesta eficaz y oportuna para resarcir a los afectados.
El problema se agrava ante la ausencia de una certificación o garantía oficial que confirme que la gasolina distribuida cumple con los estándares mínimos de calidad requeridos. El ejecutivo de la Federación del Autotransporte, Gabriel Pérez, ha señalado que las denuncias continúan llegando desde distintos sectores del transporte, atribuyendo directamente los desperfectos mecánicos reportados al uso de combustible en mal estado. Aunque aún no se ha completado una sistematización formal de estos reclamos, la percepción generalizada es que la gasolina disponible no cumple con las especificaciones técnicas necesarias para un funcionamiento adecuado de los vehículos. En este contexto, se espera con expectativa una reunión programada con el Ministerio de Hidrocarburos en La Paz, donde se buscarán definiciones concretas para abordar esta problemática.
Desde el ámbito cívico, el Comité Cívico de Tarija ha tomado medidas para ordenar y facilitar la recepción de denuncias mediante un sistema digital respaldado por un código QR habilitado en coordinación con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Esta plataforma permite a los usuarios reportar daños ocasionados por la mala calidad del carburante de manera sistemática y accesible. Hasta la fecha se han registrado al menos 15 casos documentados, principalmente relacionados con daños en piezas fundamentales del motor. El presidente del Comité Cívico, Jesús Gira, ha adelantado que esta información será utilizada para promover acciones conjuntas con YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), buscando soluciones integrales para los afectados.
Paralelamente, el sector académico se involucra en este debate sobre la calidad del combustible. La Confederación Universitaria de Docentes ha recibido múltiples comunicaciones donde sus miembros denuncian problemas mecánicos supuestamente vinculados al uso de gasolina adulterada o defectuosa. Actualmente se realiza un levantamiento nacional de datos y se prevé iniciar próximamente un censo específico en Tarija. De manera preliminar, un sondeo entre docentes reveló que aproximadamente tres cuartas partes experimentaron fallas en sus vehículos atribuibles a esta situación. Desde esta perspectiva técnica y científica, expertos advierten que mientras persista la circulación del carburante defectuoso sin ser retirado del mercado, las consecuencias negativas continuarán incrementándose. Por ello enfatizan en la responsabilidad gubernamental para garantizar calidad y seguridad tanto en el combustible como en la atención a quienes sufren daños.
En materia técnica y científica, destaca el convenio suscrito por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) en La Paz para realizar análisis rigurosos sobre la calidad del combustible mediante laboratorios especializados. Esta iniciativa busca aportar transparencia y credibilidad a las pruebas efectuadas y podría extenderse próximamente a Tarija para fortalecer el control local sobre el carburante comercializado.
En el ámbito legislativo regional también han surgido propuestas concretas para enfrentar este problema. El diputado tarijeño Horacio Calizaya anunció gestiones destinadas a instalar laboratorios móviles en las estaciones de servicio con el objetivo de realizar controles directos e inmediatos sobre los combustibles ofrecidos al público. Calizaya además atribuye parte del problema a un presunto sabotaje interno dentro de YPFB, señalando que funcionarios remanentes desde administraciones anteriores dificultan una solución rápida debido a su estabilidad laboral protegida por normativas vigentes. Aunque reconoce que estos empleados están siendo removidos paulatinamente, lamenta que esto impida una renovación inmediata necesaria para garantizar procesos más transparentes y eficientes.
Respecto a las medidas gubernamentales adoptadas hasta ahora, Calizaya afirmó que ya existen disposiciones oficiales destinadas a asegurar que toda gasolina distribuida cumpla estrictamente con parámetros técnicos exigidos por ley. Sin embargo, alertó sobre intentos políticos orientados a generar desconfianza e incertidumbre entre la población respecto a estos controles y garantías.
Ante este escenario complejo y en crecimiento, luego de una reunión entre representantes del sector transporte y autoridades del Ministerio de Hidrocarburos se lograron acuerdos importantes relacionados con compensaciones económicas para quienes hayan sufrido daños derivados del uso de gasolina defectuosa. Se estableció que el resarcimiento económico cubrirá más del 50% del total invertido en reparaciones vehiculares causadas por este problema.
Además se acordó implementar una línea telefónica vía WhatsApp habilitada hasta finales del mes para recibir solicitudes formales acompañadas por requisitos específicos necesarios para acceder al beneficio económico establecido. Según manifestó Limber Tancará, dirigente del transporte libre, el Gobierno también se comprometió a efectuar pagos rápidos mediante depósitos bancarios dentro de un plazo máximo estimado en 48 horas posteriores al trámite aprobado.
En definitiva, Tarija enfrenta actualmente un desafío significativo relacionado con la calidad del combustible disponible en su territorio cuyo impacto afecta directamente tanto al parque automotor público como privado. Las diversas instituciones involucradas buscan articular esfuerzos mediante registros digitales sistemáticos, análisis técnicos especializados y mecanismos legislativos innovadores que permitan garantizar estándares adecuados e impedir mayores perjuicios económicos y operativos derivados del consumo masivo de gasolina deteriorada o adulterada. La respuesta oficial contemplando compensaciones económicas refleja un avance importante aunque persiste una demanda social amplia por soluciones definitivas basadas en controles efectivos y transparencia institucional permanente
