En el penal de Morros Blancos, ubicado en Tarija, internos han presentado denuncias que apuntan a la existencia de una red de cobros ilegales, extorsiones y abusos presuntamente perpetrados por funcionarios policiales, con el respaldo del gobernador del recinto, coronel Alexis Alcón, según cartas anónimas firmadas por los propios reclusos.
Estas acusaciones, respaldadas también por familiares de los internos y el capellán del penal, padre Miguel Sotelo, describen un sistema de exigencias económicas que incluye pagos obligatorios para el ingreso de mercadería y multas para la recuperación de teléfonos celulares confiscados durante las requisas.
En las misivas entregadas a medios locales, se detalla que los responsables de las tiendas internas deben abonar una suma de dinero cada vez que ingresan productos. En caso de no cumplir con este pago, la mercadería es retenida y no se permite su ingreso al penal.
Asimismo, algunos reclusos indicaron que las requisas no buscan la confiscación definitiva de los celulares, sino que se utilizan para amenazar a los internos con decomisos y luego exigir dinero a cambio de la devolución de los dispositivos. Según una de las cartas, si el teléfono es de baja gama, el cobro oscila entre 200 y 300 bolivianos; en cambio, para equipos de alta gama, el pago debe realizarse directamente con el coronel y supera los 1.000 bolivianos.
Entre las denuncias más graves figura que, al ingresar al barrio Los Parrales, los privados de libertad son retenidos por la policía y llevados a la celda de un interno identificado como Jairo D., condenado por asesinato, quien supuestamente actúa como “cobrador”. Se menciona que se exigen más de 10.000 bolivianos para permitir el retiro de dinero desde ese sector. Además, se señala que el delegado de Los Parrales fue destituido por negarse a participar en estos cobros, y que el barrio fue sancionado con la prohibición de pernoctar a las visitas.
Otra denuncia refiere que para autorizar el ingreso de un chancho con motivo del aniversario de un barrio, el coronel Alcón solicitó que se le entregue otro chancho para él y su personal.
El padre Miguel Sotelo confirmó la existencia de estos cobros y responsabilizó directamente a funcionarios policiales y al gobernador del penal. Indicó que a los internos que ingresan por primera vez se les exige hasta 5.000 bolivianos como “derecho de piso”. También entregó cartas manuscritas que revelan cobros de entre 20 y 50 bolivianos a las visitas, además de montos de 3.000 a 15.000 bolivianos para acceder a celdas “preferenciales”, operaciones que contarían con la complicidad de delegados que actúan como intermediarios. Sotelo solicitó al nuevo comandante general de la Policía, Mirko Antonio Sokol, el envío de una comisión especializada para investigar estos hechos.
Por su parte, el coronel Alexis Alcón negó las acusaciones y aseguró que se trata de denuncias anónimas realizadas por internos afectados por las requisas que se llevan a cabo en el penal. Manifestó que las denuncias deben presentarse con nombre y apellido y que ya se han implementado cambios internos para evitar conflictos. Reconoció que las requisas han generado molestias por la confiscación de bienes ilegales, pero rechazó que existan cobros irregulares y afirmó haber solicitado su propio traslado para facilitar las investigaciones y evitar especulaciones.
Los internos, sin embargo, recuerdan que años atrás firmaron un voto resolutivo en contra del gobernador por presuntos actos de corrupción, lo que, a su juicio, evidencia que la situación no ha cambiado. Mientras tanto, los familiares de los privados de libertad exigen garantías para denunciar sin temor a represalias y solicitan que la comisión investigadora actúe de manera discreta y sin acuerdos internos previos
