La exmandataria Jeanine Añez ha iniciado una nueva acción legal con el objetivo de invalidar la condena impuesta en el caso conocido como «Golpe de Estado II». Si esta solicitud prospera, podría significar su liberación después de más de cuatro años bajo detención.
Este reciente movimiento judicial se produce poco después de que el Tribunal Supremo de Justicia desestimara un recurso previo presentado por la misma exautoridad con idéntica finalidad. Añez ha manifestado que la sentencia en su contra fue producto de una persecución política.
En el fundamento de este nuevo recurso de revisión, Añez argumenta que se le ha vulnerado el derecho al juez natural, además de haberse infringido el principio de legalidad durante el proceso.
La condena, dictada en 2022, estableció una pena de diez años de prisión debido a su asunción a la presidencia del Estado en 2019. Los acusadores sostienen que Añez incurrió en delitos al autoproclamarse mandataria sin respetar la línea de sucesión constitucional tras la dimisión de Evo Morales.
Por su parte, Añez sostiene que, en su calidad de exjefa de Estado, le corresponde ser juzgada mediante un juicio de responsabilidades. Asimismo, argumenta que su llegada a la presidencia se dio en un contexto de vacío de poder y tras las renuncias de otras autoridades legislativas que la precedían en la sucesión.
La exmandataria ha denunciado que lleva 1.450 días privada de libertad, desde el 13 de marzo de 2021, en condiciones que describe como de indefensión y sin las garantías constitucionales adecuadas. Ha expresado su profundo pesar por el tiempo que la injusticia, según su percepción, le ha arrebatado de compartir con sus hijos, su familia y su hogar.
Cabe destacar que Añez ya ha obtenido medidas sustitutivas a la detención en otros procesos judiciales que enfrenta, lo que convierte a esta sentencia en el único impedimento para su excarcelación
