Jeanine Áñez, quien ocupó la presidencia interina de Bolivia entre 2019 y 2020, conmemoró este jueves el cuarto aniversario de su detención, un evento que ha marcado su vida desde el estallido de la crisis política en el país. En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, la exmandataria expresó su percepción de haber sido víctima de abusos por parte del sistema judicial y del gobierno actual.
En su declaración, Áñez subrayó que ha enfrentado cuatro años de injusticia y tortura blanca, aludiendo a un proceso judicial que considera plagado de irregularidades y falta de transparencia. Aseguró que su encarcelamiento se debió a su intento de mantener la democracia y organizar nuevas elecciones tras lo que ella denomina un fraude electoral en 2019, que favoreció al entonces presidente Evo Morales, a quien calificó de huido.
La exjefa de Estado también acusó a Morales de haber provocado una crisis social violenta al abandonar el cargo y refugiarse en el extranjero, primero en México y posteriormente en Argentina. Según Áñez, su detención y los procedimientos judiciales en su contra son parte de una estrategia del oficialismo, representado por el Movimiento al Socialismo (MAS), para silenciar a sus opositores.
Desde su arresto en marzo de 2021, en el marco de un caso conocido como ‘golpe de Estado I’, Áñez ha enfrentado múltiples acusaciones. En 2022, fue condenada a diez años de prisión en el caso ‘golpe de Estado II’, donde se la acusó de haber asumido la presidencia de manera ilegal tras la renuncia de Morales, un acto que, según sus defensores, se justificó por un vacío de poder.
El gobierno y la Fiscalía sostienen que Áñez se proclamó presidenta sin el respaldo necesario del Parlamento, donde el MAS tenía la mayoría. Por su parte, la exmandataria ha reclamado un juicio especial que reconozca su condición de expresidenta y ha llevado su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, argumentando que se le ha negado un juicio de responsabilidades adecuado.
En paralelo a estos casos, Áñez enfrenta al menos siete procesos adicionales en la justicia ordinaria, incluyendo investigaciones relacionadas con las muertes de civiles durante las protestas de 2019, que fueron desencadenadas por las acusaciones de fraude electoral. Mientras tanto, el juicio por el caso ‘golpe de Estado I’ ha avanzado, con otros líderes de las protestas de 2019, como Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, como principales acusados. Sin embargo, Áñez ha sido excluida de este proceso debido a que ya ha sido juzgada por hechos similares