El jueves pasado, la jueza Alejandra Menacho dictó una medida de detención preventiva por un periodo de 100 días contra Jhonny Fernández, alcalde de Santa Cruz de la Sierra, en el marco del caso conocido como “pavimento”. Este proceso judicial investiga presuntas irregularidades relacionadas con obras públicas inconclusas en la ciudad. Tras esta determinación judicial, Fernández fue ingresado ese mismo día al penal de Palmasola, donde pasó su primera noche privado de libertad.
El encarcelamiento del alcalde ha generado un escenario de incertidumbre respecto a quién asumirá las funciones ejecutivas del municipio mientras dure su detención. En este contexto, la Fiscalía ha informado que la próxima audiencia para evaluar la cesación de la detención preventiva, motivada por una apelación presentada por la defensa del edil, se ha programado para las 09:00 horas del 5 de junio. Este proceso es crucial para definir si Fernández podrá continuar en libertad mientras avanza el juicio.
Paralelamente, el caso “pavimento” no solo afecta al alcalde; también involucra a otros funcionarios municipales. La concejal Lola Terrazas, representante de Comunidad Autonómica (CA), ha señalado que el secretario municipal de Obras Públicas, Sergio Luna, será sometido a una audiencia cautelar en relación con esta investigación. Esto evidencia que la indagación se extiende a varios integrantes del equipo edil y refleja la gravedad de las acusaciones vinculadas a las obras inconclusas.
En medio de esta situación legal y política, surge una cuestión fundamental: ¿quién asumirá la alcaldía en ausencia temporal de Jhonny Fernández? Desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE), su presidente Gustavo Ávila ha ofrecido una interpretación jurídica clara. Ávila recordó que el gobierno municipal cruceño está conformado por dos órganos principales: el Ejecutivo, actualmente liderado por Fernández, y el Legislativo, representado por el Concejo Municipal. Según su explicación, corresponde al Concejo Municipal llevar adelante un procedimiento para elegir a un alcalde suplente o sustituto que asuma las funciones durante el periodo en que Fernández permanezca detenido.
Esta decisión debe tomarse conforme a los procedimientos legales vigentes y busca garantizar la continuidad administrativa y política del municipio. Además, Ávila recordó que en mayo próximo está previsto que asuma un nuevo alcalde electo mediante las elecciones subnacionales programadas para el 22 de marzo. Por lo tanto, la designación actual sería temporal y transitoria hasta la toma de posesión del nuevo mandatario local.
No obstante, desde la bancada Unidad Cívica Solidaridad (UCS), partido político al que pertenece Fernández, han manifestado su postura contraria a esta interpretación. Alegan que no existe base legal para nombrar un alcalde interino durante el cumplimiento de detención preventiva del titular actual. Esta discrepancia añade un componente político importante al debate sobre la gobernabilidad municipal en este momento crítico.
En síntesis, la situación generada por la detención preventiva del alcalde Jhonny Fernández abre un debate jurídico y político sobre cómo mantener la gestión municipal activa y legítima durante su ausencia forzada. La elección de un alcalde suplente por parte del Concejo Municipal aparece como la vía establecida por el marco normativo vigente según las autoridades electorales. Sin embargo, las diferencias internas dentro del partido oficialista complican aún más este proceso.
El desarrollo próximo de las audiencias judiciales relacionadas con el caso “pavimento” será determinante no solo para el futuro legal del alcalde sino también para definir quién ejercerá efectivamente el mando en Santa Cruz de la Sierra durante los próximos meses. En tanto tanto ciudadanos como actores políticos siguen atentos a estos acontecimientos que impactan directamente en la administración local y en el buen desarrollo de obras públicas esenciales para la población
