La comunidad de jubilados en Tarija ha manifestado su descontento respecto a la Ley 1582, que establece incrementos en las rentas. Roberto Alvarado, líder del sector, ha solicitado aclaraciones a la Gestora Pública sobre los aumentos anunciados, los cuales no se han reflejado en los recibos de pago. Según Alvarado, las explicaciones proporcionadas se basan en un cálculo que considera el sueldo de referencia y los años de aportes, pero en un caso particular, el incremento fue de solo 43 bolivianos, a pesar de que el anuncio oficial prometía un aumento mínimo de 80 bolivianos.
Después de una reunión con el gerente de la Gestora, Jaime Durán, los jubilados expresaron su insatisfacción con las respuestas recibidas. En un evento destinado a informar sobre el aumento, Dolly Salas, representante de los profesores jubilados, exigió al Gobierno una mayor transparencia en la comunicación. Salas criticó duramente la situación, calificando de “imperdonable” el trato hacia los adultos mayores y tildando la Ley 1582 de “tramposa”. Afirmó que muchos creían que todos los jubilados con más de 35 años de aportes recibirían la suma de 1.000 bolivianos, lo que no ha sido el caso.
En la ciudad de La Paz, los jubilados también han expresado su frustración por la atención deficiente en la oficina central de la Gestora. Aunque se les ha informado que recibirán sus incrementos de manera retroactiva a octubre de 2024, muchos han enfrentado problemas con un cronograma de atención establecido el año anterior. Al acudir en las fechas señaladas, recibieron la indicación de regresar un mes después, lo que ha generado aún más descontento.
Tras firmar un documento para formalizar su presencia, se les solicitó volver en marzo o abril para conocer el monto de incremento correspondiente y, si estaban conformes, firmar nuevamente los contratos de administración de rentas. Esta situación se ha visto agravada por cortes constantes en el sistema, lo que obliga a los jubilados a realizar múltiples visitas, intensificando el malestar en el sector
