La continua disminución en la producción de gas natural que se ha observado desde 2015 está generando la necesidad de considerar la posibilidad de importar este recurso energético en un futuro cercano. Según un análisis reciente, la reducción en la extracción de gas también afecta la producción de Gas Licuado de Petróleo (GLP), lo que podría obligar al país a importar GLP a partir de 2026 y gas natural desde 2028.
Esta situación plantea diversas interrogantes sobre la gestión de los subsidios energéticos, su financiamiento y la logística de importación, incluyendo los posibles proveedores y los costos asociados. La sostenibilidad de mantener subsidios en los hidrocarburos se encuentra en entredicho, tanto por razones fiscales como económicas y energéticas.
Ante este panorama, se han planteado varias alternativas para ajustar la política de subsidios. Entre ellas, destacan la eliminación total de las subvenciones, la focalización exclusiva en el transporte público, la implementación de subsidios directos para este sector combinados con precios reales para vehículos particulares, y la aplicación de tarifas diferenciadas según el tipo de usuario.
Se reconoce que la decisión final sobre estas medidas recaerá en la próxima administración gubernamental, que deberá evaluar y determinar la estrategia más adecuada para reformar el sistema de subsidios. Sin embargo, se subraya que antes de realizar cualquier ajuste es fundamental contar con un control efectivo del déficit fiscal y de la inflación, especialmente cuando se modifiquen los precios de los combustibles.
Asimismo, es crucial disponer de reservas suficientes de divisas para garantizar la adquisición de combustibles importados. En caso de optar por la refocalización de subsidios, se recomienda que la normativa establezca claramente la vigencia de estas ayudas, el segmento de la población beneficiado y la fuente de financiamiento correspondiente
