En un acto celebrado en Lima, las máximas autoridades judiciales de Perú, Bolivia, Costa Rica, Uruguay y Panamá suscribieron la Declaración de Lima, un documento que reafirma el compromiso conjunto con la defensa del Estado constitucional de derecho, la independencia judicial y la dignidad de la función jurisdiccional en América Latina.
La firma tuvo lugar en el marco del Congreso Internacional de Cortes de Justicia, que conmemora los 200 años de existencia de los poderes judiciales en la región. Este evento, inaugurado recientemente en la capital peruana, reúne a destacados representantes del ámbito judicial para analizar y fortalecer las instituciones encargadas de impartir justicia.
El texto destaca que, a lo largo de dos siglos, los sistemas judiciales latinoamericanos han enfrentado múltiples desafíos, incluyendo conflictos internos, regímenes autoritarios, crisis económicas y desigualdades en el acceso a la justicia. A pesar de estas adversidades, las instituciones judiciales han mantenido su rol fundamental como garantes de la legalidad y el orden en contextos complejos.
Asimismo, la declaración señala que los poderes judiciales han resistido intentos de interferencia política, presiones mediáticas, reformas legislativas que comprometen el marco constitucional, y restricciones presupuestarias que buscan limitar su autonomía. En la actualidad, frente a un escenario marcado por la inseguridad, el crimen organizado y la violencia sistémica, se subraya la necesidad de que los jueces actúen con rapidez, firmeza e independencia para proteger los derechos fundamentales y preservar el Estado de derecho.
Los firmantes coinciden en la importancia de fortalecer las instituciones judiciales mediante la mejora de las condiciones laborales, la asignación adecuada de recursos económicos y la incorporación de tecnologías modernas que permitan una administración de justicia eficiente y accesible. La cooperación interjudicial transnacional y la innovación digital son consideradas herramientas clave para enfrentar los retos del siglo XXI.
Finalmente, la Declaración de Lima expresa ante la comunidad internacional el compromiso inquebrantable de los poderes judiciales latinoamericanos con la transparencia, la independencia y la defensa de los derechos humanos. Se comprometen también a utilizar todos los mecanismos legales disponibles para combatir la criminalidad, la corrupción y las violaciones a los derechos fundamentales, sin ceder ante presiones externas o coyunturales
