La destitución de un juez en Bermejo, jurisdicción de Tarija, ha generado una profunda controversia en el ámbito judicial boliviano, no solo por las circunstancias que rodearon la medida, sino también por el contexto en que se produjo y las repercusiones que ha tenido entre los profesionales del derecho del país. El juez en cuestión, Jesús Francisco Colquechambi Farías, quien ejercía como juez público civil y comercial en el Partido de Trabajo y Seguridad Social Primero de Bermejo, fue separado definitivamente de sus funciones a través de una resolución emitida por el Consejo de la Judicatura. Esta decisión se fundamentó en una falta calificada como gravísima, según el proceso disciplinario que se le aplicó y que fue ratificado en segunda instancia.
Lo que ha causado especial conmoción es el momento y la forma en que se notificó esta destitución. Colquechambi se encontraba hospitalizado en estado grave, internado en terapia intensiva en el Hospital Obrero de Tarija tras sufrir una caída doméstica mientras se dirigía a su trabajo bajo intensa lluvia. La notificación oficial fue entregada al hospital a uno de sus familiares, quien actuó como testigo del procedimiento. Este hecho ha sido considerado por diversas asociaciones de magistrados y jueces como una vulneración extrema a los principios fundamentales de dignidad y justicia que deben regir la actuación hacia un servidor público judicial. La familia del juez destacó su trayectoria profesional de más de 30 años sin antecedentes negativos ni actos de corrupción, resaltando además la sobrecarga laboral que enfrentaba y señalando que la sanción impuesta respondía a retrasos administrativos relacionados con la revisión de expedientes.
Este episodio ha puesto en evidencia tensiones internas dentro del sistema judicial boliviano respecto al manejo disciplinario y las políticas para combatir irregularidades. Las asociaciones de magistrados han criticado abiertamente lo que consideran un trato desigual frente a otros casos emblemáticos, como el del juez Hebert Zeballos en Santa Cruz, quien está detenido e investigado por un caso vinculado al narcotráfico pero continúa percibiendo su salario sin haber sido apartado formalmente del cargo. Esta comparación ha puesto al Consejo de la Judicatura bajo presión por aparentes inconsistencias y criterios dispares en la aplicación de sanciones.
Tras las críticas públicas y los pronunciamientos emitidos por las organizaciones gremiales vinculadas a los jueces a nivel nacional y regional, el Consejo decidió revertir la destitución inicialmente impuesta a Colquechambi. Sin embargo, el juez permanece internado en estado grave, lo que añade una dimensión humana compleja al caso y genera cuestionamientos sobre el respeto hacia quienes integran la judicatura. Paralelamente, otro episodio relacionado con medidas disciplinarias ocurrió en Santa Cruz, donde un juez fue suspendido sin goce de haberes durante tres meses por faltas graves detectadas en su despacho. Esta suspensión también fue objeto de controversia entre los gremios judiciales, quienes señalaron que dicha medida constituía un exceso e implicaba una vulneración a los derechos del magistrado involucrado.
Estos hechos reflejan un momento delicado para el sistema judicial boliviano, donde la búsqueda por mayor transparencia y control frente a posibles irregularidades convive con inquietudes sobre garantías laborales y respeto hacia los funcionarios judiciales. La situación pone sobre la mesa debates importantes acerca del equilibrio entre disciplina interna y protección de derechos laborales dentro del poder judicial, así como sobre cómo se deben manejar las notificaciones oficiales cuando los implicados atraviesan situaciones personales críticas. Para la población involucrada directa e indirectamente —tanto los operadores jurídicos como los ciudadanos usuarios del sistema— estos acontecimientos tienen relevancia porque impactan no solo en la confianza hacia las instituciones encargadas de impartir justicia sino también en la percepción sobre la equidad con que se aplican las normas dentro del sector público judicial
