La Justicia argentina ha profundizado una investigación judicial sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), abarcando a varios de sus principales dirigentes en un caso que involucra presuntas maniobras financieras irregulares por una suma millonaria. El juez en lo Penal Económico Diego Amarante dictó medidas restrictivas que incluyen la prohibición de salida del país para el presidente de la AFA, Claudio Tapia, así como para el tesorero Pablo Toviggino, el director general Gustavo Roberto Lorenzo, el secretario general Cristian Ariel Malaspina y su antecesor Víctor Blanco Rodríguez. Esta decisión refleja la gravedad con que se está tomando la causa y las posibles consecuencias legales que enfrentan los implicados.
La investigación se centra en una supuesta maniobra que habría afectado más de 19.300 millones de pesos argentinos —equivalentes a aproximadamente 13.687 dólares— relacionados con retenciones impositivas y aportes a la seguridad social. La denuncia fue impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que se presentó como querellante formal en el proceso judicial. La acusación apunta a irregularidades en la gestión financiera de la AFA, específicamente en la administración de tributos obligatorios para cualquier organización con actividad económica, lo cual podría constituir un delito grave ante las autoridades fiscales.
El juez Amarante destacó en su resolución no solo la magnitud económica del caso sino también la “severidad de la pena en expectativa”, lo que explica las medidas cautelares adoptadas contra los máximos responsables de la entidad deportiva. Estas acciones restrictivas se produjeron apenas cuatro meses antes del inicio del Mundial 2026, torneo para el cual Argentina tiene una gran expectativa, aumentando así el impacto mediático y social del proceso judicial abierto contra los directivos del fútbol nacional. En este contexto, se programaron las citaciones para declarar: Claudio Tapia deberá presentarse ante el tribunal el próximo 5 de marzo; Pablo Toviggino y Gustavo Lorenzo lo harán al día siguiente; mientras que Cristian Malaspina y Víctor Blanco Rodríguez están convocados para el 9 de marzo.
La Agencia ARCA no solo presentó esta denuncia inicial sino que también elevó otra acusación el 22 de enero relacionada con movimientos financieros sin respaldo documental adecuado. Según esta nueva presentación, podría tratarse de maniobras destinadas a ocultar el destino real del dinero manejado por la AFA, vulnerando así los controles fiscales establecidos por ley. Este hecho agrava aún más la situación legal y pone bajo lupa las prácticas administrativas internas de una organización que maneja grandes sumas vinculadas al fútbol argentino.
Paralelamente, a finales de diciembre pasado, la Justicia ordenó allanamientos en dos sedes oficiales de la AFA como parte de una investigación vinculada a presunto lavado de dinero asociado a operaciones comerciales internacionales. Esta pesquisa está relacionada con una sociedad llamada TourProdEnter, establecida en agosto de 2021 en Florida, Estados Unidos, encargada de gestionar los asuntos comerciales exteriores de la AFA. La existencia y funcionamiento de esta empresa extranjera generan cuestionamientos sobre transparencia y legalidad en las transacciones realizadas fuera del país.
Este entramado judicial ocurre además en un contexto tenso entre el Gobierno argentino y la AFA. Desde hace más de un año existe un conflicto abierto debido a los intentos del Ejecutivo nacional por implementar un modelo basado en sociedades anónimas deportivas para profesionalizar y modernizar el fútbol local. Sin embargo, esta iniciativa fue rechazada rotundamente por la entidad rectora del fútbol argentino y gran parte de los clubes afiliados, quienes defienden un esquema tradicional y temen perder autonomía o control sobre sus estructuras.
La combinación entre estas investigaciones judiciales y las disputas políticas internas revela un momento crítico para la AFA, cuya estabilidad institucional podría verse afectada por estos procesos judiciales y administrativos. La trascendencia pública del fútbol argentino convierte este caso no solo en un asunto legal sino también en un foco central para miles de aficionados e instituciones vinculadas al deporte más popular del país. El desarrollo futuro del expediente marcará sin duda el rumbo tanto financiero como organizativo dentro del fútbol nacional y podría tener repercusiones significativas para su gobierno interno y su relación con organismos estatales
