El Juzgado Criminal y Correccional Federal 2 de Argentina ha convocado formalmente a al menos 29 efectivos de la Policía Federal para que presten declaración testimonial en el marco de una investigación judicial que involucra al expresidente boliviano Evo Morales. Este proceso se centra en una causa vinculada a presuntos actos de corrupción relacionados con menores durante el período en que Morales se encontraba asilado en territorio argentino.
Según consta en el documento oficial emitido por dicho juzgado, dependiente del Poder Judicial de la Nación, las citaciones se han organizado conforme a un cronograma detallado que tiene previsto iniciar las audiencias el 10 de marzo y culminar el 29 de abril. Estas notificaciones comenzaron a realizarse desde el 19 del mes en curso, siguiendo la información suministrada por la Policía Federal Argentina (PFA), que respondió a un requerimiento judicial para aportar datos relevantes al caso.
La resolución judicial especifica los nombres completos de los policías convocados, entre ellos varios oficiales que estuvieron directamente involucrados en tareas de custodia y vigilancia durante la estancia de Morales en Argentina. En total, la lista incluye a 29 efectivos, entre quienes se hallan tres mujeres que formaron parte del equipo de seguridad asignado al expresidente boliviano durante su asilo. Morales permaneció bajo protección estatal desde el 12 de diciembre de 2019 hasta su regreso a Bolivia el 9 de noviembre de 2020.
Este asilo político había sido otorgado inicialmente durante la presidencia de Alberto Fernández, pero cuatro años después, bajo el gobierno actual encabezado por Javier Milei, se revocó ese estatus en octubre de 2024. La decisión política y administrativa marcó un cambio significativo respecto a la situación legal y diplomática del exmandatario boliviano en Argentina.
En este contexto, el abogado José Lucas Magioncalda, representante legal de la Fundación Apolo, ha señalado que las declaraciones testimoniales que brindarán estos agentes federales serán fundamentales para avanzar en la investigación. En particular, su testimonio permitirá esclarecer aspectos cruciales sobre las personas menores involucradas y su relación con Morales durante su residencia en suelo argentino. Se espera confirmar cuántos menores vivían en la vivienda donde Morales estuvo asilado y quiénes eran los responsables o partícipes dentro del entorno cercano al exgobernante.
El proceso judicial cobra relevancia no solo por las acusaciones graves contra Morales sino también por las implicaciones que tiene para la seguridad y protección de menores dentro del marco del derecho internacional y nacional. La participación directa de efectivos policiales que custodiaron al exmandatario aporta una dimensión clave para comprender cómo se desarrollaron los hechos durante ese período y si existieron irregularidades o vulneraciones legales.
Además, esta investigación refleja un momento delicado en las relaciones diplomáticas entre ambos países y pone bajo escrutinio tanto aspectos políticos como judiciales relacionados con el asilo político otorgado años atrás. El seguimiento detallado del caso mediante testimonios oficiales busca garantizar transparencia y justicia ante denuncias tan sensibles como las vinculadas a corrupción o abuso contra menores.
En definitiva, la convocatoria masiva a estos policías federales subraya la importancia que le otorga la justicia argentina a este expediente, así como la necesidad imperiosa de contar con información precisa para tomar decisiones fundamentadas sobre uno de los casos internacionales más complejos vinculados a figuras políticas recientes en Sudamérica. La audiencia prevista para los próximos meses será determinante para esclarecer responsabilidades y aportar claridad sobre lo sucedido durante el asilo concedido a Evo Morales
