Desde su investidura en enero, la administración judicial actual en Bolivia ha delineado una clara hoja de ruta centrada en la transparencia y el perfeccionamiento del sistema de justicia. Esta labor, según ha señalado la Decana Rosmery Ruiz, se mantiene como una prioridad inquebrantable.
Un reciente acontecimiento en Bermejo ha puesto de manifiesto los desafíos inherentes a esta transformación. Tras la suspensión de varios jueces debido a denuncias de corrupción, se registraron protestas ciudadanas, que incluyeron la toma de la sede judicial. La alta autoridad judicial expresó su sorpresa ante esta reacción, subrayando el compromiso de la institución en la lucha contra la corrupción y la dilación procesal, lo que hizo parecer contradictoria la manifestación de algunos sectores de la población. La suspensión de estos funcionarios se fundamentó en la detección de actos que contravenían la normativa vigente, reafirmando el propósito de sanear la administración de justicia a nivel nacional.
Al evaluar el progreso del sistema judicial desde el inicio de la gestión en enero, la Decana Ruiz sostiene que la ciudadanía ha podido constatar los avances a través de las resoluciones emitidas. Afirmó que se están respetando las garantías fundamentales y el debido proceso, y destacó la realización de una revisión extraordinaria de sentencias, una práctica poco común en el ámbito jurisdiccional. Las nuevas autoridades están activamente involucradas en visitas a las distintas sedes judiciales y mantienen un contacto constante con jueces y vocales en todo el país, promoviendo una ética de trabajo basada en la honestidad, la transparencia y una justicia cercana a la población.
Este proceso de mejora no ha encontrado obstáculos significativos por parte de diversos sectores. En distritos como Tarija, los casos de corrupción son menos frecuentes y aquellos que emergen están siendo debidamente procesados. La independencia del Poder Judicial, una bandera levantada por las autoridades electas, se está haciendo valer, impidiendo injerencias externas. Se reconoce que, dado el histórico sometimiento de la justicia, el cambio es un proceso que demanda esfuerzo y persistencia.
En relación con las denuncias de presuntos consorcios entre jueces, abogados y funcionarios gubernamentales, la investigación avanza con la detención de nuevas personas implicadas en estos hechos lamentables. El caso inicial, surgido en La Paz, involucró a individuos que ejercían como administradores de justicia, incluyendo a un representante del Órgano Ejecutivo que, al parecer, intentó socavar la voluntad popular. Aunque existía el riesgo de que esta práctica se extendiera a otras regiones, la actuación oportuna de las autoridades ha permitido contener su replicación
