La alcaldesa de Cobija, Ana Lucía Reis, quien también es candidata a la Gobernación de Pando por el Movimiento Tercer Sistema, fue aprehendida en el aeropuerto Capitán Aníbal Arab Fadul al regresar de La Paz. La detención fue ejecutada por la Policía en cumplimiento de varios mandamientos de aprehensión relacionados con procesos laborales iniciados por exfuncionarios municipales que reclaman el pago de beneficios sociales y sueldos atrasados. Tras su aprehensión, Reis fue trasladada al penal de Villa Busch, mientras su entorno sostiene que estas obligaciones son consecuencia de gestiones anteriores y no de su administración actual.
El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Carlos Pardo, confirmó que la detención se produjo en la terminal aérea cuando la autoridad retornaba en un vuelo regular. Destacó que Reis no opuso resistencia durante la aprehensión y que ahora será la autoridad judicial competente quien defina su situación jurídica. El contexto indica que los procesos laborales acumulados alcanzan aproximadamente los 6 millones de bolivianos, una cifra significativa que refleja años de demandas pendientes por parte de exfuncionarios municipales que denuncian incumplimientos en el pago tanto de beneficios sociales como salarios devengados.
Desde su celda en el penal, Reis difundió un mensaje en video dirigido a sus seguidores en el que manifestó encontrarse bien a pesar del impacto emocional inicial al ser recibida por un operativo policial tan numeroso. Agradeció el respeto mostrado por las autoridades penitenciarias y reconoció la dificultad personal que implica esta situación, aunque expresó fortaleza y esperanza para superar el proceso judicial. Señaló además que uno de los casos más complejos corresponde a una demanda impulsada por una exfuncionaria municipal y reiteró su fe en resolver favorablemente esta situación.
Por su parte, desde el Gobierno Autónomo Municipal de Cobija emitieron un comunicado oficial donde se señala que la aprehensión responde a procesos laborales heredados y acumulados históricamente por gestiones anteriores. La actual administración ha venido trabajando progresivamente en sanear estas obligaciones conforme a la disponibilidad presupuestaria del municipio. En este sentido, se enfatiza que las demandas surgieron antes del inicio del mandato actual y forman parte de compromisos institucionales preexistentes. El comunicado expresa preocupación ante las medidas restrictivas aplicadas dentro del marco laboral, destacando que el municipio siempre ha mostrado disposición para cumplir con las obligaciones legales mediante los procedimientos establecidos.
Mientras la Policía informó sobre seis mandamientos vigentes contra Reis, desde la defensa institucional se sostiene que las demandas son consecuencia directa de una deuda estructural acumulada durante administraciones anteriores. Se reconoce además que la capacidad financiera del municipio es limitada para afrontar estas obligaciones en un corto plazo y que se están realizando esfuerzos para atenderlas paulatinamente. El secretario municipal de Obras Públicas, Ernesto Sapiencia, respaldó esta postura señalando con énfasis las dificultades económicas del municipio para cubrir una suma tan elevada como los 6 millones de bolivianos reclamados.
En cuanto a las órdenes judiciales relacionadas con estos procesos laborales, EL DEBER pudo constatar que la jueza Claudina Castillo ordenó a la Policía pandina proceder al apremio para conducir a Ana Lucía Reis al penal hasta tanto no cancele los montos exigidos y disponga además la reincorporación de 87 funcionarios municipales afectados por estas demandas laborales.
A pesar del escenario judicial y administrativo complejo, desde la Alcaldía aseguraron que sus actividades continúan desarrollándose con normalidad y descartaron cualquier paralización o afectación significativa en los servicios públicos o proyectos municipales. Esto apunta a mantener la operatividad institucional y garantizar atención continua a la población mientras se resuelven estos procesos legales pendientes.
En resumen, este caso refleja una problemática recurrente en varias administraciones públicas donde las obligaciones laborales históricas no han sido canceladas oportunamente, generando conflictos jurídicos y financieros para las autoridades actuales. La detención de Ana Lucía Reis pone en evidencia tanto las limitaciones presupuestarias como los desafíos administrativos para solventar compromisos heredados sin afectar el funcionamiento municipal ni perjudicar a los trabajadores actuales ni pasados. La resolución definitiva dependerá del proceso judicial y del manejo responsable por parte del gobierno local para equilibrar sus finanzas con sus responsabilidades laborales
