En horas de la noche del sábado, tras una audiencia virtual, el Juzgado 15º de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres resolvió dictar detención preventiva por cuatro meses contra la exdiputada del MAS, Lidia Patty. La medida se tomó en el marco de una investigación que la vincula con un presunto beneficio ilícito de 700.000 bolivianos provenientes de un proyecto agrícola destinado a ocho comunidades.
El abogado defensor de Patty calificó la decisión judicial como arbitraria y anunció que presentarán las apelaciones correspondientes. En tanto, la defensa sostiene que el dinero recibido fue transferido a cuentas particulares conforme a una resolución ministerial vigente en ese momento, la cual autorizaba dichos desembolsos para proyectos comunitarios.
Como parte de la estrategia de defensa, se presentó una prueba que involucra al expresidente Luis Arce, quien en ese entonces ejercía como ministro de Economía, señalándolo como responsable de autorizar la liberación de fondos a cuentas personales. Esta situación ha motivado que el abogado denunciante anuncie la presentación de una denuncia penal contra Arce por presunto favorecimiento al enriquecimiento ilícito.
El defensor de Patty aclaró que su representada reconoce haber recibido los fondos, pero niega haberse apropiado indebidamente de los mismos, ya que asegura contar con documentación que respalda el correcto uso de esos recursos en beneficio de las comunidades. Sin embargo, el denunciante sostiene que la resolución ministerial no exime de responsabilidad a la exdiputada y que, por el contrario, implica al exministro Arce en irregularidades que podrían derivar en un nuevo proceso judicial.
El fiscal encargado del caso señaló que, aunque Patty presentó descargos relacionados con la autorización para recibir los fondos, la legalidad de dicha autorización debe ser analizada en una instancia distinta. Además, destacó que la exlegisladora no puede alegar desconocimiento de la normativa vigente y que los proyectos financiados con esos recursos no fueron concluidos, lo que representa un perjuicio económico para el Estado.
El abogado denunciante detalló que la autorización para transferir dinero estatal a cuentas particulares fue uno de los mecanismos que facilitaron el desfalco de más de 4.000 millones de bolivianos del Fondo Indígena. Asimismo, mencionó que otros dirigentes de organizaciones sociales también habrían recibido fondos de manera irregular, señalando que esta situación podría involucrar a diversos miembros del directorio del Fondo, así como a exministros y autoridades vinculadas.
Actualmente, se trabaja en la formalización de una denuncia penal contra el expresidente Arce, que será presentada próximamente ante la Fiscalía, con el fin de esclarecer las responsabilidades en este caso de corrupción que afecta a fondos destinados a proyectos comunitarios
