El Juzgado Agroambiental de Entre Ríos se encuentra en la etapa de preparación para una audiencia pública que abordará la controvertida cuestión del ingreso de actividades petroleras en la zona de Domo Oso X-3, en Tariquía. Esta decisión llega tras una inspección realizada el pasado jueves, donde se evidenció la ausencia del gobierno, la Procuraduría, así como de las empresas Petrobras y YPFB, quienes decidieron abandonar el lugar antes de responder a las preguntas planteadas por el juez encargado del caso.
Fernando Valverde, presidente del Colegio de Abogados, estuvo presente durante esta inspección y ha compartido sus observaciones respecto al abandono por parte de las autoridades y representantes de las empresas. A pesar de este hecho, Valverde sostiene que la inspección no puede considerarse un fracaso. Según su perspectiva, aunque el retiro fue “malicioso”, no afecta la validez del acta levantada durante la visita, ya que esta documenta todo lo observado durante el recorrido y los lugares específicos que fueron evaluados.
El abogado enfatizó que tanto el gobierno como las empresas involucradas habían participado activamente en la inspección hasta el momento en que se requirió una explicación sobre ciertas actividades realizadas. Sin embargo, al no proporcionar respuestas a las inquietudes planteadas por el juez, decidieron retirarse. Valverde reafirmó que este abandono no anula los procedimientos llevados a cabo ni implica una nulidad absoluta del proceso.
La próxima audiencia pública está programada para el martes en Entre Ríos y se centrará en determinar si YPFB ha cumplido con las normativas necesarias antes de proceder con su ingreso a la zona. En este contexto, YPFB ha declarado que la inspección judicial fue parcial y que no se pudo verificar adecuadamente el camino de acceso al proyecto debido a la falta de una vía abierta. Desde su perspectiva, no se han iniciado actividades operativas en la región.
Durante la inspección, el juez agroambiental logró constatar la ubicación proyectada para la planchada del pozo, un área que según YPFB se encuentra fuera de los límites establecidos por la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía. Sin embargo, esto contrasta con las preocupaciones expresadas por ambientalistas y diversas instituciones que se oponen al ingreso petrolero en esta delicada zona ecológica.
Para acceder al lugar inspeccionado, el juez y su comitiva utilizaron un camino alternativo que ya había sido objeto de intervenciones previas. Este acceso no estaba contemplado dentro del marco legal del proyecto ni figuraba en la Licencia Ambiental otorgada para las actividades planeadas. Esta discrepancia subraya aún más los desacuerdos entre las autoridades y los grupos ambientalistas sobre los impactos potenciales y legales relacionados con el ingreso petrolero a Tariquía.
