En un reciente fallo del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, se ha dictaminado la prohibición total de actividades recreativas y comerciales que involucren inflables, juegos acuáticos, embarcaciones conocidas como chalanas, y construcciones dentro del cuerpo de agua del embalse de San Jacinto. Esta medida surge como respuesta directa a un trágico incidente ocurrido en la zona: la muerte de una niña de apenas cuatro años que cayó al agua desde una estructura elevada situada en el borde del embalse. La gravedad del suceso llevó a que la gobernación local solicitara la intervención judicial para garantizar la seguridad y preservar el área.
El gerente del proyecto multipropósito San Jacinto, José Valdez Bustos, confirmó que el juzgado no solo ha impuesto esta restricción sino que también ha ordenado el secuestro provisional de todos los elementos relacionados con estas actividades riesgosas dentro del embalse. Esto implica que inflables, juegos acuáticos y embarcaciones serán retirados temporalmente bajo control oficial, mientras se realizan las investigaciones pertinentes. Además, se instruyó a los oficiales de agencias a levantar actas detalladas con información específica sobre los propietarios de estos bienes, lo que permitirá un control riguroso y evitará futuras irregularidades.
La gobernación, como entidad propietaria del proyecto San Jacinto y su área circundante, tiene ahora una serie de obligaciones legales estrictas establecidas por el tribunal. Entre ellas se encuentra la presentación en un plazo máximo de ocho días tras ser notificada, de un informe exhaustivo sobre las actividades realizadas en las inmediaciones del embalse. Este informe debe incluir detalles sobre si dichas actividades cuentan con licencias ambientales vigentes y debidamente otorgadas, así como una copia oficial de estos documentos para su verificación. Esta medida busca asegurar que las operaciones económicas en la zona se desarrollen bajo normativas ambientales adecuadas y legales.
Asimismo, se requiere un análisis técnico-legal profundo sobre los riesgos o posibles afectaciones ambientales provocadas por todas las actividades antrópicas dentro del área hidráulica del embalse San Jacinto y su cuenca hidrográfica. Esta evaluación es crucial para determinar el impacto real que estas prácticas tienen sobre el ecosistema local y para diseñar estrategias efectivas que mitiguen posibles daños futuros. La gobernación deberá entregar informes bimensuales detallando el cumplimiento estricto de las medidas judiciales impuestas, garantizando así un seguimiento constante y transparente.
Uno de los aspectos más destacados dentro de estas nuevas disposiciones es la obligación inmediata de colocar letreros visibles que prohíban expresamente todas las actividades restringidas alrededor del embalse. Esta señalización tiene como objetivo prevenir accidentes similares al ocurrido recientemente y concienciar a visitantes y operadores sobre los peligros existentes en la zona. El compromiso manifestado por José Valdez incluye mejorar la seguridad general en el perímetro del embalse mediante estas advertencias claras y otras acciones preventivas.
Este conjunto de medidas representa un paso decisivo para reforzar tanto la protección ambiental como la seguridad pública en torno al embalse San Jacinto. La intervención judicial refleja una preocupación creciente ante los riesgos derivados del uso inadecuado e irresponsable del espacio hídrico por parte de particulares y empresas dedicadas al turismo o recreación acuática. Para la comunidad local y visitantes, estas regulaciones buscan crear un entorno más seguro y sostenible donde puedan coexistir las actividades humanas sin comprometer ni poner en peligro vidas ni recursos naturales fundamentales para el desarrollo regional.
En definitiva, el caso pone en evidencia la necesidad urgente de supervisión rigurosa y cumplimiento normativo en áreas naturales protegidas o con uso múltiple como San Jacinto. Las autoridades involucradas enfrentan ahora el reto de implementar controles efectivos que prevengan tragedias futuras mientras preservan el valor ambiental e hídrico del lugar para las generaciones actuales y venideras. La coordinación entre judiciales, gubernamentales y gestores del proyecto será clave para alcanzar estos objetivos prioritarios
