A casi tres meses de la nueva administración gubernamental, la Asamblea Legislativa enfrenta un escenario complejo en cuanto al avance de las reformas estructurales prometidas para modificar el modelo económico vigente. Ni la Cámara de Diputados ni el Senado cuentan actualmente con en sus agendas proyectos de ley que den inicio a esos cambios profundos anunciados por el Ejecutivo. Esta situación evidencia un retraso significativo en la presentación formal de las iniciativas legislativas que se consideran fundamentales para concretar el viraje económico planteado por el presidente Rodrigo Paz.
El contexto parlamentario revela una dualidad entre la expectativa y la realidad. Mientras los legisladores aguardan la remisión oficial de los proyectos desde el Gobierno, algunos sectores dentro del Legislativo ya anuncian acciones contundentes para ejercer su rol fiscalizador sobre el gabinete ministerial. En este sentido, se confirmó que al menos dos ministros serán interpelados en las próximas semanas, en un intento por recuperar la dinámica de control político que había sido relegada durante las gestiones anteriores.
Una de las interpelaciones más destacadas será contra el ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinacelli. La decisión surge a raíz de denuncias relacionadas con la comercialización de gasolina en mal estado y la importación de combustibles a precios supuestamente inflados, problemas que afectan directamente a los consumidores y generan preocupación sobre la transparencia y eficiencia en un sector estratégico para la economía nacional. El anuncio fue realizado por el vicepresidente del Legislativo, Edmand Lara, quien subrayó la importancia de esclarecer estas irregularidades para garantizar seguridad energética y confianza ciudadana.
Paralelamente, también se contempla interpelar al ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, debido a su aparente inacción frente a una orden judicial pendiente desde hace más de 100 días para aprehender al expresidente Evo Morales. La controversia se agrava porque, según declaraciones oficiales recientes, no existirían las condiciones necesarias para ejecutar dicha orden, mientras Morales continúa desarrollando actividades políticas en campaña para las elecciones subnacionales. Este hecho ha generado críticas dentro del Parlamento sobre el cumplimiento estricto de la Constitución y el respeto a las decisiones judiciales. El diputado Edgar Zegarra enfatizó que Oviedo debe responder ante el Legislativo por su responsabilidad como máxima autoridad encargada de garantizar el orden constitucional.
En cuanto a los proyectos legislativos propiamente dichos, persiste una incertidumbre sobre los tiempos y contenidos específicos que marcarán el cambio del modelo estatal. Consultas realizadas tanto a miembros del oficialismo como a representantes opositores reflejan posiciones divergentes sobre quién debe asumir la responsabilidad principal en esta etapa: mientras desde Libre se señala que le corresponde al Ejecutivo enviar las iniciativas correspondientes, desde el Partido Demócrata Cristiano (PDC) se reconoce un avance paulatino en la elaboración normativa aunque advierten que todo es parte de un proceso gradual. La única certeza es que este año debería comenzar formalmente el tratamiento legislativo para transformar las bases legales del Estado heredado del Movimiento al Socialismo (MAS).
Un recorrido por las oficinas administrativas y consultando fuentes oficiales dentro de la Cámara Baja confirma esta carencia: no existe conocimiento ni registro oficial sobre proyectos estructurales remitidos desde el Poder Ejecutivo. La última propuesta ingresada corresponde a un régimen transitorio orientado a asegurar el funcionamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), además de varias iniciativas destinadas a combatir bloqueos o proteger el libre tránsito. Esto contrasta con las expectativas generadas tras los anuncios presidenciales.
Desde la Cámara Alta también se reconoce esta ausencia en materia legislativa estructural. El senador José Manuel Ormachea, miembro destacado del bloque opositor Libre, indicó que no hay ningún proyecto concreto en agenda y recalcó que los futuros debates deberán darse bajo acuerdos consensuados entre oficialismo y oposición. Además destacó que el PDC no cuenta con mayoría absoluta ni con los dos tercios necesarios para aprobar leyes estructurales sin negociación política como ocurría durante los gobiernos masistas anteriores.
El propio mandatario ha señalado algunas áreas prioritarias para estas reformas legales: una nueva ley de hidrocarburos, otra sobre minería y normativas orientadas a generar confianza para atraer inversiones privadas. También mencionó planes para institucionalizar todas las entidades estatales y estabilizar la economía mediante medidas destinadas a eliminar déficits fiscales. Sin embargo, enfatizó que estos cambios deben implementarse progresivamente para cumplir con su visión política definida como “capitalismo para todos”.
Finalmente, sobre uno de los instrumentos claves para ejecutar políticas públicas —el Presupuesto General del Estado (PGE)— aún no se ha presentado oficialmente una versión reformulada correspondiente al ejercicio fiscal 2026. La diputada Claudia Bilbao reconoció que en el presupuesto heredado aún hay partidas destinadas a crear empresas estatales y fábricas públicas, elementos propios del modelo anterior que están siendo revisados y eliminados paulatinamente en la propuesta gubernamental reformulada.
En conjunto, este panorama muestra una Asamblea Legislativa todavía expectante ante un Ejecutivo que debe acelerar sus envíos normativos esenciales mientras enfrenta presiones internas para rendir cuentas inmediatas sobre temas sensibles como energía e inseguridad jurídica. La población observa atentamente cómo se desarrollan estas dinámicas porque están directamente vinculadas al rumbo económico nacional y al respeto institucional en un momento crucial para definir nuevas prioridades políticas y sociales del país
