Después de revelarse el caso de la “narcoavioneta”que cayó con droga en Argentina, pero que antes había sido detenida y devuelta a su dueño en Bolivia, se ha generado un cruce de declaraciones entre autoridades de la Fiscalía y el Gobierno. La controversia surge porque, cuando la avioneta había sido intervenida en Bolivia después de una incursión ilegal a Paraguay, un fiscal determinó que el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) del Ministerio Público haga el microaspirado, el cual salió negativo para droga, por lo cual en junio se procedió a la devolución la aeronave a su dueño. El Gobierno cuestiona que un fiscal haya decidido que una entidad del propio Ministerio Público haga el microaspirado a esa avioneta, cuando esa tarea debió realizarla el Centro de Investigaciones Técnico Científico en Toxicología y Sustancias Controladas (CITESC), que depende de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN). El ministro Eduardo Del Castillo informó que se ha presentado la denuncia contra el fiscal y los responsables del IDIF, para que se indague el microaspirado que se habría realizado a la avioneta. El fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, salió a defender la tarea del Ministerio Público y señaló que debe darse credibilidad hasta probarse lo contrario. Tras las declaraciones de Mariaca, el ministro Eduardo Del Castillo ratificó que, de acuerdo con la norma, la pericia a la avioneta debió estar a cargo del CITESC y no del IDIF.

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