La situación legal del exministro de Gobierno Eduardo del Castillo experimentó un cambio significativo tras su liberación pocas horas después de ser detenido en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, mientras intentaba abordar un vuelo con destino a Chile. La detención, realizada en la madrugada del martes, terminó siendo un revés para las autoridades policiales y fiscales, pero abrió un complejo escenario judicial para la exautoridad.
Cerca de las 18:00 horas, Del Castillo fue presentado ante el Juzgado 15º de Sentencia Penal, Anticorrupción y Violencia contra la Mujer, bajo la jurisdicción del juez Carlos Alberto Moreira Rivero, para definir su situación jurídica. Sin embargo, antes de esta audiencia, un juez de Warnes ordenó su libertad en una sesión virtual, luego de que el Ministerio Público decidiera no formular una imputación formal en su contra.
Durante la audiencia de acción de libertad promovida por el exministro, el juez Moreira determinó que la detención no cumplió con los protocolos policiales establecidos y, ante la ausencia de una acusación fiscal, dispuso la inmediata liberación de Del Castillo. La resolución judicial también ordenó garantizar la libre circulación del exministro, sus dos hijas menores y otros familiares, además de asegurar la atención médica que requiere la menor de cinco años en Chile. El juez advirtió que podrían surgir responsabilidades penales y civiles contra quienes participaron en la detención.
Horas antes, el fiscal general del Estado, Róger Mariaca, había informado el inicio de una investigación penal contra Del Castillo por el presunto delito de obstaculizar el ejercicio de la función policial. Según la versión oficial, el exministro se habría negado a permitir la inspección de su equipaje antes de abordar el vuelo. Mariaca señaló que los hechos serán analizados para garantizar el debido proceso y el cumplimiento de la normativa vigente.
Aunque existe una normativa que impide a exautoridades salir del país durante los tres meses posteriores a dejar el cargo, esta restricción no aplicaría en el caso de Del Castillo, quien dejó el Ministerio de Gobierno para participar en la campaña electoral del MAS. Sin embargo, la aprehensión generó una controversia jurídica que terminó beneficiando al exministro en esta etapa inicial.
La defensa, representada por el abogado Enrique Ramírez, denunció violaciones de derechos y abusos cometidos contra Del Castillo y su familia. El exministro relató demoras irregulares en Migración a su llegada a Santa Cruz desde La Paz, sin justificación legal para impedir su salida del país. Además, aseguró que fue obligado a descender del bus que trasladaba a los pasajeros al avión sin que se le mostrara orden judicial o administrativa.
La liberación no apaciguó las tensiones, ya que desde la detención comenzaron a acumularse múltiples denuncias contra Del Castillo, muchas relacionadas con su gestión al frente del Ministerio de Gobierno. El abogado del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho presentó una denuncia penal contra el expresidente Luis Arce y el exministro por delitos vinculados al operativo de aprehensión ejecutado en diciembre de 2022, incluyendo incumplimiento de deberes, torturas, vejaciones y secuestro. La denuncia fue presentada ante la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, y se solicitó la aprehensión inmediata de Del Castillo por riesgo de fuga.
Asimismo, se sumaron nuevas denuncias y adhesiones. Marco Antonio Aramayo, vinculado al caso Fondo Indígena, denunció amenazas de muerte y anunció su apoyo a la denuncia contra Del Castillo, a quien responsabiliza políticamente en ese caso. El abogado Carlos Gaity también se declaró víctima de la exautoridad, señalando que en 2024 se le habría montado un proceso judicial que afectó su honor, familia y carrera profesional.
En las inmediaciones de la Felcc, se instaló una vigilia de personas que aseguran haber sufrido abusos durante la gestión de Del Castillo. Entre ellas, una participante relató agresiones físicas y detenciones arbitrarias durante la defensa de instituciones públicas en Santa Cruz durante el paro por el censo. Se anuncian además futuras denuncias por parte de exlíderes cívicos, activistas, colectivos vecinales, miembros de la Unión Juvenil Cruceñista y familiares de víctimas de operativos policiales.
Las reacciones políticas y sociales se hicieron sentir rápidamente. El gobernador Luis Fernando Camacho denunció penalmente el secuestro y torturas sufridas y exigió que los hechos no queden impunes. Por su parte, el exdirigente cívico Marco Antonio Pumari criticó el abuso de poder ejercido por Del Castillo. Desde prisión, el general Juan José Zúñiga celebró la caída de lo que calificó como un “verdugo”. El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, pidió que el caso siga su curso conforme al debido proceso, aunque cuestionó la falta de detención de otras personas con notificaciones pendientes. El activista cubano Jorge Castro, expulsado por orden de Del Castillo, también expresó su esperanza de que se haga justicia.
La breve detención de Eduardo del Castillo ha revelado un panorama judicial y político complejo, con múltiples denuncias en curso y otras por venir. Queda por verse si el exministro podrá continuar su defensa desde el extranjero o si los procesos legales en su contra lo obligarán a enfrentar la justicia nacional en los próximos meses
