La Justicia boliviana ha denegado la tutela solicitada por los juristas independientes mediante una acción de amparo constitucional para evitar la transcripción de 1,5 millones de firmas en un sistema informático, necesario para impulsar un referendo en busca de la reforma judicial en Bolivia.
José Antonio Rivera, miembro del grupo de juristas independientes, afirma que se les obliga a transcribir las partidas recogidas en los libros de adhesión en un sistema informático como condición para viabilizar su iniciativa ciudadana.
Sin embargo, según él, el sistema informático del Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene un conjunto de obstáculos técnicos que invisibilizan la iniciativa ciudadana, además de razones económicas y de tiempo.
Otros juristas independientes ya habían advertido que será imposible transcribir 1,5 millones de firmas en un medio informático porque demandaría el trabajo de 200 a 300 voluntarios con un presupuesto de un millón de bolivianos o más. Los juristas habían presentado un recurso judicial, pero no lograron su objetivo. El TSE ratificó que la transcripción de las firmas está establecida en un reglamento que se presume constitucional hasta que el Tribunal Constitucional Plurinacional declare su inconstitucionalidad.
