El vicepresidente Edmand Lara emitió un mensaje dirigido al presidente Rodrigo Paz, en el que calificó la abrogación del Decreto Supremo 5503, acordada con la Central Obrera Boliviana (COB) tras una serie de protestas sociales, no como una simple advertencia, sino como un “memorándum de preaviso de despido”. En su comunicado difundido en redes sociales, Lara destacó que esta decisión representa un triunfo del pueblo boliviano, subrayando que el gobierno debe actuar en conjunto con la ciudadanía y no a espaldas de ella.
Lara instó al presidente Paz a aprovechar esta oportunidad para dirigir el país de manera inclusiva, beneficiando a todos los sectores y no únicamente a los grupos privilegiados. Asimismo, manifestó su compromiso de continuar trabajando por el progreso nacional, siempre en sintonía con las demandas populares. Enfatizó que cualquier nuevo decreto debe surgir a partir de un diálogo abierto con los sectores sociales, y ofreció su disposición para facilitar este proceso en favor del bienestar mayoritario.
El vicepresidente recordó que el respaldo popular que sostiene al gobierno se basa en una propuesta de inclusión, y que esta confianza no debe ser traicionada. “Si no se trabaja con el pueblo, es mejor no ocupar el cargo”, afirmó, agradeciendo también a las familias que participaron en las movilizaciones pese a las dificultades que enfrentaron. Cerró su mensaje con un llamado a la unidad nacional.
Previo a la firma del acuerdo que puso fin a las protestas, el analista político Luis Alberto Ruiz señaló que las manifestaciones en contra del decreto constituyeron una fuerte presión política que el vicepresidente y el sector denominado “evismo” trasladaron al presidente Paz, como consecuencia de un supuesto distanciamiento de los acuerdos preelectorales que respaldaron su llegada al poder. Ruiz consideró que el mandatario cometió un error al asumir que el apoyo electoral recibido era un respaldo automático para actuar con autonomía política. La magnitud de las movilizaciones demostró que el bloque nacional-popular mantiene una influencia significativa en los sectores sociales, lo que condicionó la decisión gubernamental de derogar el decreto.
El convenio firmado entre el Gobierno y la COB logró desactivar las protestas que amenazaban con intensificarse, incluyendo un posible bloqueo que habría afectado el abastecimiento en los mercados de la ciudad de La Paz. Tras el acuerdo, la COB instruyó el levantamiento de bloqueos y la suspensión de medidas de presión. Sin embargo, en algunas áreas de El Alto, grupos radicales conocidos como los ponchos rojos continuaron ejerciendo presión para que los comercios cerraran. Ante esta situación, la Policía intervino para controlar las protestas de quienes rechazaron el acuerdo que puso fin a cuatro semanas de movilizaciones, marchas y bloqueos en las carreteras
