El posible retorno de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) a Bolivia ha generado un debate significativo en el escenario político, con posturas divergentes entre los miembros de la administración entrante. El vicepresidente electo, Edmand Lara, ha delineado sus objeciones a esta posibilidad, fundamentando su posición en la necesidad de fortalecer las fuerzas de seguridad nacionales y la defensa irrestricta de la soberanía boliviana.
A través de una plataforma digital, Lara expresó que una fuerza policial boliviana debidamente reformada y depurada de la corrupción sería plenamente capaz de combatir el narcotráfico y el crimen organizado sin asistencia externa. En su visión, la clave reside en edificar una institución policial genuinamente eficaz, transparente y libre de prácticas corruptas, lo que eliminaría cualquier dependencia de agencias internacionales para estas tareas.
Por su parte, el presidente electo, Rodrigo Paz, ha manifestado su intención de restablecer los lazos diplomáticos plenos con Estados Unidos, interrumpidos durante administraciones anteriores, lo que incluiría propiciar el retorno de la agencia antidrogas a la nación andina. El futuro mandatario incluso sugirió que la presencia de la DEA nunca cesó por completo en el país.
Este debate se enmarca en un contexto histórico particular, que se remonta al 11 de septiembre de 2008, cuando el entonces presidente, Evo Morales, declaró al embajador estadounidense Philip Goldberg como persona non grata, marcando el inicio de la suspensión de las relaciones diplomáticas a nivel de embajadores. Poco después, el 1 de noviembre del mismo año, se decretó la suspensión total de las operaciones de la DEA en el país, lo que derivó en su salida efectiva, aunque no siempre reconocida formalmente.
Lara enfatizó que la soberanía nacional es innegociable, advirtiendo que ninguna entidad extranjera, bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, debería inmiscuirse en los asuntos internos del país. Si bien valoró la cooperación internacional en términos de formación, capacitación y equipamiento, recalcó que esta no debe implicar una injerencia en la autodeterminación boliviana.
A lo largo de la administración de Evo Morales, la presencia operativa de la DEA fue objeto de controversia. Mientras un exministro de gobierno negó reiteradamente su actividad en el país, el propio expresidente denunció la continuidad de sus operaciones, llegando a identificar a dos agentes extranjeros en un incidente policial confuso que tuvo lugar en el Chapare durante su mandato.
El vicepresidente electo también expresó preocupación por posibles vulneraciones a los derechos humanos, como el debido proceso y la presunción de inocencia, si una agencia extranjera operara sin restricciones en el territorio. Rechazó la idea de que se pudiera actuar arbitrariamente contra ciudadanos bolivianos bajo la acusación de narcotráfico, insistiendo en el respeto irrestricto a las garantías constitucionales
