El vicepresidente del país, Edmand Lara, ha optado por mantener vigente el Ministerio de Justicia, abandonando así la propuesta inicial de suprimir esta cartera, que en campaña consideraba una fuente de interferencia en el sistema judicial. Actualmente, reconoce la relevancia de esta institución dentro del gabinete ministerial del nuevo gobierno.
En una rueda de prensa, al ser consultado sobre la posibilidad de cerrar el Ministerio de Justicia, Lara indicó que la decisión corresponde al presidente Rodrigo Paz. Aunque inicialmente apoyaron la idea de eliminar esta dependencia, posteriormente comprendieron que el ministerio desempeña un papel fundamental. “Hemos recapacitado y entendemos que conservarlo es importante”, afirmó el vicepresidente.
Durante la campaña electoral, Lara manifestó su intención de reducir el número de ministerios, señalando al Ministerio de Justicia como un ejemplo de influencia indebida sobre los jueces. Su entonces compañero de fórmula, Rodrigo Paz Pereira, coincidió en calificar esta cartera como un “ministerio de persecución” y anunció su cierre en caso de acceder al poder.
Sin embargo, la postura de Lara cambió radicalmente tras la designación de Freddy Vidovic, su abogado personal, como titular de Justicia. El vicepresidente reconoció públicamente que su evaluación inicial fue errónea y que mantener el ministerio es necesario.
Esta decisión ha generado críticas por parte de la oposición. Tomasa Yarhui, líder de la bancada senatorial de la alianza Libre, instó al gobierno a ser coherente con sus compromisos de campaña, recordando que el presidente Paz prometió eliminar un ministerio asociado a la corrupción y la persecución. Por su parte, Rafael López, jefe de bancada de Libre en la Cámara de Diputados, exigió el cumplimiento de esta promesa, argumentando que el Ministerio de Justicia se ha dedicado a prácticas como la extorsión y el cobro de coimas, además de representar un gasto innecesario en tiempos que requieren austeridad.
Así, la permanencia del Ministerio de Justicia en la estructura gubernamental contrasta con las propuestas iniciales del actual Ejecutivo, generando un debate sobre la coherencia entre las promesas electorales y las decisiones administrativas
