Una acción legal ha sido interpuesta por la legisladora Luisa Nayar, representante de Comunidad Ciudadana, contra Ruth Nina, quien fuera la cabeza del extinto partido Pan-Bol. La denuncia penal se fundamenta en declaraciones emitidas por Nina durante un encuentro político de la facción evista, celebrado el pasado fin de semana en Lauca Ñ, Cochabamba. En paralelo a la presentación de la querella, la diputada Nayar ha demandado la detención inmediata de la acusada.
Según la parlamentaria, es imperativo evitar que ciertos actores busquen la interrupción del proceso de elecciones generales. Nayar ha caracterizado a Ruth Nina como un riesgo inminente, lo que, a su juicio, justifica su privación de libertad.
Las manifestaciones de Nina, proferidas el sábado anterior, en las que afirmó que en lugar de contar votos, se contarán muertos, han generado un considerable malestar en la ciudadanía. Estas expresiones han sido interpretadas como una clara incitación pública a la violencia, con el objetivo de obstaculizar el desarrollo del proceso electoral. Los denunciantes sostienen que tales pronunciamientos configuran un delito penal y representan un atentado directo contra el sistema democrático.
La diputada Nayar también ha recordado que, semanas atrás, su colega Luciana Campero presentó una denuncia penal similar contra Evo Morales, alegando presunta instigación pública a delinquir y amenazas. La legisladora ha reiterado su preocupación, enfatizando que estas expresiones verbales constituyen una seria amenaza para la estabilidad política del país, especialmente a poco más de un mes de las elecciones generales, previstas para el 17 de agosto.
Desde la perspectiva legal, el abogado Andrés Ritter ha aseverado que las declaraciones de Nina constituyen una prueba directa de la comisión de un ilícito. Ritter ha subrayado la inaceptabilidad de que, a tan solo 37 días de unos comicios, se profieran amenazas sugiriendo un escenario de violencia en lugar de un ejercicio democrático de sufragio, recalcando que tal conducta es incompatible con los principios de un Estado de derecho.
El jurista ha confirmado que la querella interpuesta por la diputada Nayar ha sido formalmente presentada ante el Ministerio Público en la ciudad de Santa Cruz, con la finalidad de activar una investigación penal. Adicionalmente, Ritter ha solicitado el decomiso del dispositivo móvil de la persona denunciada, con el propósito de determinar si existen otros individuos implicados como autores intelectuales detrás de las intimidaciones
