Legisladores de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) manifestaron su respaldo a la iniciativa de implementar una ley que regule y sancione los bloqueos en el país. Actualmente, existen al menos tres propuestas en discusión que buscan establecer medidas legales contra estas prácticas, sin que ello implique la restricción del derecho constitucional a la protesta pacífica.
Lissa Claros, diputada de Libre, destacó que la intención es respaldar cualquier normativa que proteja los derechos fundamentales de la población, enfatizando la necesidad de sancionar a grupos radicales que utilizan los bloqueos de forma indebida, pero aclaró que esto no significa un rechazo al ejercicio legítimo de la protesta social.
En ambas cámaras legislativas, tanto en Diputados como en el Senado, se están presentando proyectos que buscan tipificar los bloqueos como delitos, estableciendo penas para quienes los promuevan o financien. Uno de los primeros en plantear esta propuesta fue el diputado Carlos Alarcón, de Alianza Unidad, quien sugirió que estas acciones sean consideradas delitos graves, con sanciones que podrían alcanzar entre 10 y 20 años de prisión.
Por su parte, el partido Libre también ha presentado una iniciativa similar, subrayando que cualquier reclamo legítimo respaldado por las autoridades competentes debe ser respetado y garantizado. Esta postura busca equilibrar el derecho a la protesta con la necesidad de mantener el orden público y evitar daños a terceros.
Recientemente, se reportaron incidentes en los que personas vinculadas a la Central Obrera Boliviana (COB) habrían agredido a transeúntes y causado daños a comercios durante bloqueos, lo que ha generado preocupación y reforzado el llamado a una regulación más estricta de estas manifestaciones
