El actual periodo legislativo se aproxima a su conclusión, dejando tras de sí un panorama de marcada fragmentación política, una notoria parálisis en sus funciones y una perceptible erosión de su legitimidad pública. A medida que el mandato constitucional finaliza, existe un amplio consenso entre observadores políticos y representantes electos sobre cinco prioridades fundamentales que la próxima asamblea parlamentaria debe abordar con urgencia. Estas incluyen una revisión exhaustiva de las normas internas de procedimiento, la plena restauración de las facultades de fiscalización legislativa, el establecimiento de protocolos de votación claros y transparentes, un examen minucioso de marcos legales cruciales y la reafirmación general de la integridad institucional del país.
Un desafío significativo, según análisis políticos, es que la legislatura saliente inició su gestión ya con un considerable debilitamiento de sus cimientos institucionales. Su marco operativo, en particular el reglamento de debates, fue ampliamente percibido como diseñado para favorecer los intereses del bloque político entonces dominante. La imperativa para la nueva asamblea, por ende, es establecer un conjunto de regulaciones que promuevan una participación equitativa y una deliberación efectiva. Se señala también que varios mecanismos críticos, como el requisito de mayorías de dos tercios en ciertos acuerdos y la flexibilidad para ajustar la agenda legislativa, fueron previamente menoscabados, lo que subraya la necesidad de su restablecimiento.
Una preocupación central en diversos espectros políticos gira en torno a la restricción de las prerrogativas legislativas de interpelación y censura dirigidas a los ministros de gobierno. Representantes de distintas fuerzas políticas han puesto de manifiesto cómo interpretaciones judiciales, particularmente del Tribunal Constitucional Plurinacional, han erosionado progresivamente estas vitales funciones de rendición de cuentas. Se informa que se están explorando vías constitucionales destinadas a recuperar la esencia fundamental de estas herramientas de supervisión.
La integridad de los procesos legislativos también exige atención inmediata, específicamente en lo que respecta a los métodos de votación. Se han expresado críticas sobre el sistema electrónico actual, el cual, durante una votación, presuntamente no muestra los nombres individuales de los legisladores ni sus escaños respectivos, presentando únicamente un resultado agregado. Además, el recurso frecuente a la votación secreta, realizada mediante urnas, ha sido calificado como problemático, ya que crea un ambiente propicio para la opacidad, pudiendo facilitar influencias indebidas, coacción e incluso transacciones ilícitas.
La agenda legislativa para el nuevo parlamento también está cargada con varias leyes estructurales que permanecen sin resolver. Estas abarcan instrumentos cruciales como el Presupuesto General del Estado y el proceso para la designación de autoridades electorales. Más allá de estos, una serie de propuestas legislativas, que incluyen aspectos como el acceso a la información pública, la regulación de los nombramientos interinos gubernamentales y la distribución equitativa de la propaganda estatal, esperan una consideración exhaustiva.
Finalmente, una responsabilidad primordial para los legisladores recién electos será contribuir activamente al fortalecimiento del marco institucional del país. Esto implica la tarea crítica de nombrar formalmente a autoridades nacionales clave, incluyendo al presidente del Banco Central, al Contralor General, al Director del Instituto Nacional de Estadística y al titular de la Aduana Nacional, entre otros. Tales nombramientos definitivos se consideran esenciales para poner fin a la prevalencia de cargos interinos, los cuales con frecuencia son percibidos como susceptibles a la influencia del poder ejecutivo
