La iniciativa legislativa destinada a la selección, elección y designación de los miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que obtuvo la aprobación en la Cámara de Senadores hace aproximadamente un mes, se encuentra actualmente estancada en la Cámara de Diputados, donde aún no ha sido incluida en la agenda para su tratamiento en sesión plenaria.
Esta situación reviste particular urgencia, dado que el periodo constitucional de las actuales autoridades del TSE concluye el 18 de diciembre del presente año. Un día después, el 19 de diciembre, también finaliza el mandato de los vocales de los tribunales electorales departamentales (TED), lo que subraya la necesidad de una pronta resolución legislativa.
Dentro de la Cámara Baja, las opiniones sobre este asunto están divididas. Mientras un grupo de legisladores, afín a la corriente oficialista, aboga por el tratamiento inmediato del proyecto, un sector de la oposición ha manifestado su rechazo a esta posibilidad, argumentando que la propuesta proveniente del Senado presenta significativas deficiencias.
Entre las objeciones planteadas por algunos diputados de oposición, se destaca la preocupación de que la normativa fue aprobada sin alcanzar la mayoría de dos tercios, un requisito que, según interpretaciones de sentencias constitucionales y la propia Constitución Política del Estado, es indispensable para la designación de altas autoridades estatales. Estos legisladores sostienen que las leyes que regulan los procesos de selección también deberían someterse a esta exigencia de dos tercios. Por ello, se ha solicitado formalmente a la directiva de la cámara que el proyecto sea devuelto al Senado, precisamente por no haber cumplido con el umbral de dos tercios de los votos. Cabe recordar que la propuesta fue aprobada en la Cámara Alta la noche del 26 de agosto por mayoría absoluta, y desde entonces, su avance en Diputados como cámara revisora se ha paralizado por más de un mes.
Adicionalmente, la norma, a pesar de su aprobación mayoritaria en el Senado, ha sido objeto de observaciones por su carácter restrictivo. Un ejemplo de esto se encuentra en el inciso b del artículo 23, que establece los requisitos específicos para los aspirantes a los seis cargos de vocales, exigiendo que sean profesionales expertos en temas electorales y/o constitucionales, lo que en la práctica limitaría la postulación a abogados o, eventualmente, informáticos. Algunos legisladores han expresado que la metodología propuesta por el Senado no garantiza la selección de los perfiles más idóneos para ocupar estas importantes funciones electorales.
A pesar de las controversias, la Comisión de Constitución en Diputados ha reportado avances. La presidenta de dicha comisión informó que la semana anterior se trabajó y aprobó el reglamento de este proyecto de ley, considerado una prioridad que la Asamblea debe resolver antes del 7 de noviembre, fecha en que concluye su mandato. La legisladora subrayó que esta ley no solo regirá la elección de los nuevos vocales del TSE, sino que también actuará como un marco normativo para la selección de los vocales electorales departamentales. En sus palabras, la ley aprobada establecerá el proceso de preselección, elección y designación de futuras autoridades electorales para cada departamento del país, resaltando la importancia de su aprobación junto con su reglamento.
Por otro lado, parlamentarios electos de las principales bancadas de la próxima legislatura han coincidido en que la elección de los nuevos vocales del TSE debería ser una tarea asumida por la nueva Asamblea. De hecho, en septiembre, una de estas bancadas instó a sus colegas salientes a congelar el tratamiento de este proyecto, anunciando que trabajarían en una propuesta propia. Otro diputado de una alianza relevante enfatizó que la nueva Asamblea debe asumir la responsabilidad de designar a los componentes del Tribunal Supremo Electoral, argumentando que esta medida sería menos dañina para la democracia. Se ha señalado que esta tarea debe recaer en los nuevos legisladores y no en aquellos que están concluyendo su gestión, especialmente considerando que una de las fuerzas políticas ha permanecido en el poder por dos décadas y ha participado en la elección de los últimos tres cuerpos colegiados del TSE.
Desde el Tribunal Supremo Electoral, sus actuales miembros siguen con atención el progreso de este proyecto de ley. No obstante, han asegurado públicamente que se retirarán de sus funciones el 19 de diciembre, al concluir su gestión de seis años, rechazando cualquier posibilidad de prórroga de su mandato
