Un caso judicial de gran repercusión en Santa Cruz ha experimentado un giro significativo tras la decisión de un tribunal local que anuló la detención preventiva de una exfuncionaria judicial implicada en una investigación de narcotráfico vinculada a un escándalo conocido como el caso de las 32 maletas. La exfuncionaria, Vicky Ríos Ovando, quien además es identificada como la principal capitalista de la Empresa Boliviana de Seguridad (Ebose), recuperó su libertad inmediata luego de que el Tribunal Segundo de Sentencia revocara una orden previa que la mantenía privada de su libertad.
Este caso se ha desarrollado en el contexto de una investigación que involucra a varios actores del aparato judicial y político local. Vicky Ríos Ovando, quien desempeñaba funciones como auxiliar en un juzgado de Santa Cruz, fue detenida a fines del mes de enero bajo la acusación formal por tráfico de sustancias controladas. La imputación surgió a partir de indicios que la relacionaban con el hallazgo de 32 maletas cargadas con divisas y una considerable cantidad de marihuana, lo que generó una alerta internacional y movilizó a las autoridades nacionales e internacionales.
La investigación fue impulsada por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y la Fiscalía especializada en materia antinarcóticos, tras recibir información proveniente desde Estados Unidos. Según las pesquisas, el punto inicial del caso fue la contratación desde ese país de un avión privado por parte de la exdiputada Laura Rojas, quien arribó a Santa Cruz acompañada por sus hijos y un ciudadano uruguayo. En el equipaje transportado se encontraban las 32 maletas cuyo contenido llamó la atención y desencadenó una serie de acciones legales.
El destino final inicial de las maletas fue la Empresa Boliviana de Seguridad, vinculada al juez Hebert Zeballos, uno más entre los implicados en esta trama. En ese lugar se descubrieron 80 kilos de marihuana ocultos entre el equipaje. Posteriormente, las maletas desaparecieron misteriosamente, complicando aún más el proceso investigativo. A raíz del avance en las pesquisas, fueron detenidas cinco personas relacionadas con el caso, incluyendo al juez Zeballos, a Laura Rojas y a varios exfuncionarios judiciales.
En cuanto al proceso judicial contra Vicky Ríos Ovando, tras su detención preventiva inicial ordenada por el juez cautelar Juan Pablo Esquivel bajo arresto domiciliario y otras medidas restrictivas, se produjo una apelación que culminó con la revocación del beneficio y su traslado a detención en prisión preventiva por decisión del Tribunal Departamental de Justicia. Este tribunal consideró que no había cumplido con los requisitos legales para mantenerla en arresto domiciliario; sin embargo, esta resolución fue cuestionada por la defensa mediante una acción constitucional.
Finalmente, el Tribunal Segundo de Sentencia evaluó nuevamente su situación jurídica y decidió concederle la tutela para anular el auto que ordenaba su detención en Palmasola. Esta decisión implica no solo su liberación inmediata sino también un reconocimiento implícito sobre posibles vulneraciones a sus derechos durante el proceso legal. No obstante, esta resolución no fue unánime; uno de los jueces miembros emitió un voto disidente argumentando que no correspondía conceder dicha tutela y sugiriendo que debió haberse presentado otro mecanismo constitucional distinto para defender sus derechos.
Este desarrollo judicial cobra especial relevancia no solo para las personas directamente involucradas sino también para la confianza pública en las instituciones encargadas del control legal y judicial. La liberación provisional o definitiva de uno de los principales implicados puede influir en el curso futuro del caso y en cómo se percibe la transparencia y eficacia del sistema judicial frente a casos complejos relacionados con delitos graves como el narcotráfico.
En suma, este episodio revela no solo los vínculos entre actores políticos y judiciales con actividades ilícitas sino también las dificultades procesales y legales para manejar casos sensibles donde están involucrados funcionarios públicos o exfuncionarios. La resolución adoptada abre nuevas etapas en esta investigación que sigue siendo observada atentamente tanto por sectores sociales como institucionales preocupados por combatir eficazmente este tipo de delitos que afectan directamente a la seguridad y gobernabilidad regional
