El exfondo indígena enfrenta un nuevo episodio de investigación por presuntas irregularidades financieras vinculadas a proyectos que no se habrían ejecutado. La exdiputada Lidia Patty, exdirigente de las Mujeres Bartolina Sisa, es señalada por un supuesto daño económico que ronda los tres millones de bolivianos, relacionado con ocho iniciativas que nunca llegaron a concretarse.
De acuerdo con información proporcionada por el abogado Eduardo León, los fondos destinados a la construcción de carpas solares y huertas comunales fueron transferidos a cuentas particulares, pero las obras no se materializaron. Patty habría sido la principal responsable en tres de estos proyectos y colaboró en otros cinco junto a otras líderes sociales, entre ellas Felipa Huanca. Según León, aunque deberían ser procesadas alrededor de veinte personas, hasta ahora solo ocho enfrentan cargos y están pendientes de juicio.
La investigación sobre esta causa se remonta a 2014, cuando se inició el seguimiento a estas irregularidades. Se señala que Patty recibió la mayor parte de los recursos en sus cuentas personales y, aunque intentó distribuir los fondos, los proyectos permanecen inconclusos. En 2021, la exdirigente asumió el cargo de cónsul en Argentina, luego de haber ejercido como diputada por La Paz desde 2015.
Recientemente, la Fiscalía llevó a cabo un allanamiento en las oficinas del Fondo de Desarrollo Indígena (FDI) para recolectar evidencias relacionadas con estos ocho proyectos. El fiscal Miguel Cardozo confirmó que se emitió una orden de aprehensión contra Patty, quien no acudió a las citaciones para brindar su declaración en el proceso que la investiga por conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado. De acuerdo con la pesquisa, los proyectos presentaban un avance físico del 50%, mientras que la exdiputada habría recibido el 80% del financiamiento total.
Este caso se suma a otros emblemáticos de corrupción asociados a la gestión pasada, donde también se vieron involucradas figuras como la exministra Nemesia Achacollo. Mientras que en su momento se estimó un daño económico de 120 millones de bolivianos, algunos expertos elevan esta cifra a aproximadamente 4.000 millones. La investigación continúa abierta y se espera que nuevas diligencias aporten mayor claridad sobre la responsabilidad de los implicados
