En un diálogo amplio y detallado con el Grupo El Deber, el gobernador de Santa Cruz y aspirante a la reelección por la alianza Creemos Patria, Luis Fernando Camacho, expuso una visión clara sobre los desafíos y prioridades que marcarán un eventual segundo mandato al frente del departamento. En esta entrevista, el líder político destacó que su gestión anterior estuvo fuertemente condicionada por su detención y las limitaciones financieras que enfrentó, lo que impidió avanzar con la profundidad deseada en los proyectos para la región. Frente a este escenario, Camacho planteó que el próximo período debe ser una etapa de transición fundamental “de la resistencia a la acción”, en la que se concreten acuerdos clave para garantizar recursos y fortalecer la autonomía departamental.
El gobernador enfatizó que durante su primer mandato se encontraron con obstáculos importantes para poder gobernar plenamente. De los cinco años previstos, reconoció que aproximadamente tres estuvieron marcados por su encarcelamiento, lo que generó un freno significativo en la ejecución de sus planes. Pese a ello, aseguró que se lograron avances importantes, pero ahora considera indispensable pasar a una etapa donde Santa Cruz pueda disponer de mayores recursos para atender las necesidades básicas de su población. En este sentido, subrayó que sin garantizar primero servicios esenciales como agua potable, electricidad, caminos adecuados y hospitales funcionales, no es posible siquiera pensar en grandes obras o desarrollos estructurales.
Uno de los ejes centrales de su propuesta es la concreción del denominado 50/50 en la distribución de ingresos del Estado nacional. Camacho explicó que esta fórmula implica destinar el 50% de los ingresos recaudados por el Gobierno central a las gobernaciones, alcaldías y universidades del país. Este planteamiento busca corregir una inequidad histórica considerando que Santa Cruz aporta más de un tercio del total nacional pero no recibe proporcionalmente esos recursos para atender sus demandas. El gobernador detalló además que dentro de ese 50% se propone una distribución específica —por ejemplo 30% para gobernaciones, 10% para alcaldías y otro 10% para universidades— aunque resaltó que lo fundamental es establecer un acuerdo técnico e institucional sobre el monto global a distribuir. La diferencia entre recibir un pequeño porcentaje del total o una parte mayor pero menor porcentaje es sustancial para el desarrollo regional.
Respecto al fortalecimiento de la autonomía departamental y el avance hacia un modelo federalista efectivo, Camacho remarcó que este proceso debe basarse primero en dotar a las regiones de recursos suficientes y competencias reales para decidir sobre sus propias prioridades. Denunció que Santa Cruz produce más del 70% de los alimentos nacionales pero sus provincias siguen carentes de infraestructura básica como carreteras adecuadas, acceso a agua potable y conectividad tecnológica necesaria para impulsar la productividad. En este sentido mencionó iniciativas estratégicas como el cable óptico desde San Pablo y otras inversiones en tecnología digital como elementos clave para potenciar el desarrollo local. No obstante aclaró que sin disponer de recursos autónomos no hay posibilidad real de ejercer una verdadera autonomía ni libertad para decidir inversiones sin interferencias centralistas.
En cuanto a proyectos específicos para su eventual nuevo mandato, Camacho señaló que antes de pensar en obras puntuales es imprescindible contar con estabilidad financiera asegurando recursos suficientes. Indicó que actualmente Santa Cruz maneja alrededor de 800 millones de bolivianos disponibles tras descontar compromisos financieros previos, monto mayormente comprometido con salud pública. Entre las iniciativas estratégicas mencionadas están proyectos vinculados al Mutún —una gran reserva minera— Puerto Busch y Rositas así como concesiones viales importantes como las rutas San Ignacio–Vila Bela y Roboré–Paraguay. También destacó avances en colaboración con Corea para construir un hospital oncológico en uno de los distritos cruceños. Sin embargo insistió en que todos estos proyectos dependen fundamentalmente del ordenamiento financiero y la concreción del pacto fiscal 50/50; sin esa base cualquier anuncio sería irresponsable.
Sobre el rol del sector privado frente a las restricciones presupuestarias actuales, el gobernador afirmó que es imprescindible incentivar su participación especialmente mediante concesiones viales ya implementadas bajo una ley vigente. Sin embargo reconoció limitaciones normativas existentes en la legislación sobre Alianzas Público-Privadas (APP) que dificultan ampliar este esquema. Por ello manifestó interés en promover una mayor involucración empresarial local —más allá del capital extranjero— para dinamizar inversiones en infraestructura productiva mediante una recuperación progresiva de competencias departamentales.
Un tema complejo señalado fue el conflicto por tierras, donde identificó como principal problema los avasallamientos ilegales impulsados por redes dedicadas al tráfico ilícito. Para enfrentar esta situación mencionó la Comisión Agraria Departamental recientemente dotada de efectos legales para transparentar cuáles dotaciones fueron otorgadas legítimamente y cuáles no. Subrayó además la importancia de garantizar seguridad jurídica para atraer inversiones y promover expansión productiva sostenible apoyada en biotecnología agrícola capaz de aumentar rendimientos sin ampliar extensamente las tierras cultivadas ni dañar el medio ambiente. El mandatario advirtió que mientras persista esta red delincuencial no será posible hablar seriamente ni de desarrollo sostenible ni crecimiento exportador.
Consultado sobre posibles acciones legales contra quienes promovieron su detención durante su primer mandato, Camacho indicó que ese procedimiento se impulsará oportunamente pero aclaró que no se trata de un asunto personal sino institucional: defenderá el respeto al mandato popular expresado en las urnas frente a cualquier intento ilegal o arbitrario contra autoridades electas democráticamente.
Finalmente destacó un cambio importante en el escenario político actual marcado por una superación gradual del clima confrontativo previo entre autoridades departamentales y municipales o nacionales. Se comprometió a trabajar coordinadamente con el próximo alcalde electo así como con otros niveles gubernamentales porque consideró imprescindible aprovechar este momento histórico para consolidar acuerdos amplios orientados al beneficio común y al desarrollo integral del departamento.
En suma, Luis Fernando Camacho plantea un horizonte político centrado en lograr acuerdos institucionales clave —como el pacto fiscal 50/50— para disponer finalmente de recursos propios suficientes; fortalecer así la autonomía departamental; impulsar proyectos estratégicos viables; combatir problemas estructurales como los conflictos agrarios ilegales; fomentar alianzas público-privadas con participación local; garantizar estabilidad financiera; respetar mandatos democráticos; y fomentar coordinación interinstitucional ampliada con miras a superar etapas previas marcadas por confrontación política directa. Todo ello constituye un programa integral orientado a transformar Santa Cruz desde una etapa marcada por limitaciones hacia otra caracterizada por acción decidida e impulso sostenido al desarrollo regional equilibrado e inclusivo
