El sistema judicial boliviano ha reafirmado su compromiso con la continuidad de los procedimientos legales que involucran a figuras políticas, independientemente de los resultados de las próximas elecciones nacionales. Se ha enfatizado que los casos, incluyendo los del exalcalde de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y la expresidenta Jeanine Áñez, serán tratados con la misma imparcialidad y rigor que cualquier otro ciudadano, lo que subraya la autonomía del poder judicial.
La administración de justicia ha establecido que cada expediente se tramita conforme a su fecha de ingreso, sin distinciones, y que la revisión abarca la totalidad de los casos presentados, no únicamente aquellos con connotación política. Todas las resoluciones emitidas por el órgano judicial deben fundamentarse estrictamente en las normativas vigentes, la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales. La institución ha trabajado activamente para consolidar su independencia, rechazando cualquier interferencia externa y fomentando la coordinación con otras ramas del Estado.
Desde la asunción de las nuevas autoridades judiciales en enero, se han implementado cambios significativos en la gestión de la justicia a nivel nacional. Esto incluye visitas periódicas a las sedes judiciales y un contacto constante con jueces y vocales en todos los departamentos, con el objetivo de promover la transparencia, la honestidad y una atención humanizada hacia los ciudadanos.
En cuanto a la lucha contra la corrupción, el proceso conocido como consorcio de jueces y abogados sigue su curso, revelando nuevas implicaciones y resultando en la detención de individuos adicionales en el marco de las investigaciones. Asimismo, en el departamento de Tarija, específicamente en el municipio de Bermejo, se registraron actos de corrupción protagonizados por algunos jueces, quienes fueron consecuentemente suspendidos de sus funciones.
Una preocupación recurrente para el Tribunal Supremo de Justicia es el escaso presupuesto asignado por el Estado, que apenas alcanza el 0.5% para el sector judicial. Estos recursos se consideran insuficientes para manejar la elevada carga procesal existente. Existe la expectativa de que, con la elección de las nuevas autoridades del país, se establezca una colaboración efectiva con los Órganos Ejecutivo y Legislativo para garantizar un acceso equitativo a la justicia. Se sostiene que una justicia verdaderamente independiente requiere una asignación presupuestaria digna que le permita operar sin las limitaciones actuales
