La dirección del Tribunal Constitucional Plurinacional ha emitido una declaración en respuesta a la denuncia formal presentada por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia ante la Fiscalía Departamental de Chuquisaca. Esta acción legal se dirige contra el presidente del TCP y otros cuatro magistrados.
El Tribunal Constitucional ha manifestado su decisión de no involucrarse en una disputa pública respecto a las afirmaciones del titular del Tribunal Supremo de Justicia. Desde la perspectiva del TCP, estas declaraciones vulneran la independencia de poderes, exceden las competencias establecidas y buscan iniciar una persecución judicial contra ciertas autoridades con el objetivo de generar un vacío de poder.
Se ha señalado que, durante los últimos meses, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha sido objeto de intensas y constantes presiones políticas. Estas presiones, según se ha indicado, han buscado instrumentalizar la justicia para servir a intereses particulares. Incluso se mencionaron amenazas dirigidas a las autoridades con el fin de suspender elecciones generales, particularmente las de autoridades judiciales.
A pesar de esta situación, el Tribunal Constitucional afirma haber realizado todos los esfuerzos posibles para salvaguardar las elecciones judiciales y evitar que el poder político interfiriera en el judicial. En reiteradas ocasiones, el TCP exhortó a la Asamblea Legislativa Plurinacional a cumplir con su rol para convocar una elección complementaria de autoridades judiciales y así completar el proceso.
Sin embargo, se perciben acciones concretas por parte de ciertos legisladores y del propio Órgano Judicial que, según la institución, buscan desestabilizarla, generar incertidumbre sobre la transparencia del proceso electoral y, con ello, amenazar la democracia y la segunda vuelta.
La denuncia formal, presentada ante la Fiscalía Departamental de Chuquisaca, imputa los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, así como usurpación de funciones, tipificados en los artículos 153 y 163 del Código Penal. Las personas señaladas en este documento son Gonzalo Miguel Hurtado, René Yvan Espada, Karem Lorena Gallardo, Isidora Jiménez Castro y Julia Elizabeth Cornejo. No obstante, la Fiscalía Departamental de Chuquisaca ha aclarado que la admisión o no del documento presentado aún se encuentra en fase de análisis.
La presidencia del Tribunal Constitucional Plurinacional ha planteado interrogantes cruciales para la reflexión pública: ¿Por qué se busca desarticular el TCP a solo dos semanas de la segunda vuelta electoral? ¿Qué actores se encuentran detrás de estas acciones? ¿A quiénes beneficiaría una eventual suspensión de la segunda vuelta? A pesar de estas inquietudes, el Tribunal reitera su compromiso de garantizar las elecciones de octubre, asegurando a la ciudadanía que el proceso se desarrollará con normalidad
