El Consejo de la Magistratura se encuentra en la fase de elaboración de una nueva normativa, denominada “Evaluación con transparencia, para confiar en la justicia”, con el objetivo primordial de optimizar los procedimientos legales que permitirán reconocer el desempeño sobresaliente de los jueces y, a la vez, establecer mecanismos para la remoción de aquellos con un rendimiento deficiente. Se prevé que el próximo martes, en Sucre, se presente un informe detallado que impulse su aprobación y posterior implementación en el año 2026.
La dirección de la institución ha enfatizado que su labor se concentra en la supervisión, fiscalización, evaluación y capacitación de los magistrados, elementos esenciales para el desarrollo de la carrera judicial. Se aspira a que, una vez que el país cuente con jueces legítimos, debidamente evaluados y capacitados, la sociedad recupere la confianza en su sistema de justicia. Actualmente, la percepción pública sobre la administración judicial enfrenta desafíos importantes, lo que subraya la necesidad de procesos de evaluación rigurosos.
Para avanzar en la configuración de este marco regulatorio, se han llevado a cabo diversas sesiones de trabajo a nivel nacional. El segundo ciclo de estas jornadas nacionales para el análisis y ajustes del documento marco se realizó en La Paz del 1 al 3 de octubre, precedido por un primer encuentro en Santa Cruz durante septiembre. Estos eventos contaron con la participación de miembros del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y la Fiscalía, y recibieron el respaldo de un programa de apoyo de la Unión Europea destinado a fortalecer la fuerza especial de policía en la lucha contra el crimen organizado.
La Ley 025 del Órgano Judicial establece que los resultados de la evaluación pueden ser positivos o negativos. Un resultado favorable permite al juez permanecer en su cargo, mientras que uno desfavorable conlleva la destitución. No obstante, durante las recientes discusiones, surgieron diversas propuestas alternativas. Entre las sugerencias, se planteó la posibilidad de otorgar una segunda oportunidad a los jueces con evaluaciones negativas, o de establecer promedios de calificación que, en lugar de una destitución inmediata, deriven en una capacitación adicional. Asimismo, se propuso que aquellos magistrados con calificaciones destacadas puedan ser promovidos a vocales o asignados a centros judiciales de mayor relevancia.
Sin embargo, la institución reconoce que aún no se han definido con claridad los criterios y parámetros específicos de evaluación, ni quiénes asumirán la responsabilidad de llevar a cabo estas valoraciones. Este proceso busca evitar cualquier tipo de favoritismo o suspicacia en la población. Se ha señalado que el reglamento anterior carecía de precisión, lo que generó numerosos litigios. La dirección del Consejo ha expresado cautela ante la posibilidad de establecer métricas prematuras, como un número fijo de causas resueltas anualmente, asegurando que todos los hallazgos de las discusiones serán sistematizados y presentados al escrutinio público antes de la aprobación final del reglamento.
En este contexto, algunas mesas de trabajo sugirieron la inclusión de una valoración psicológica tanto para los jueces en funciones como para los aspirantes a la carrera judicial. Esta propuesta, sin embargo, requiere un análisis técnico y legal exhaustivo para garantizar que no se vulneren derechos fundamentales.
Desde una perspectiva internacional, una representante de la Unión Europea, quien también es magistrada en España, elogió la organización de estos encuentros nacionales para perfeccionar el reglamento de evaluación. Ella destacó que la retardación de justicia constituye uno de los principales problemas disciplinarios tanto en su país como en el resto de Europa, una situación que resuena con la realidad boliviana. Subrayó la obligación de los gobiernos de proveer los recursos adecuados, incluyendo un número suficiente de jueces, para que puedan dictar sentencias de manera oportuna y meditada. En este sentido, las jornadas son vistas como una herramienta valiosa para identificar si los retrasos judiciales se deben a un desempeño insuficiente por parte del juez o a una carencia de apoyo estructural.
En Bolivia, la sanción más severa que el Consejo de la Magistratura puede imponer a un juez es la destitución. En aquellos casos donde la conducta del procesado se determine como delictiva, los expedientes son remitidos a la Fiscalía para la correspondiente investigación y eventual proceso penal. Es importante destacar que la destitución de un juez tiene un impacto permanente en su trayectoria profesional, ya que, según la normativa vigente, la persona inhabilitada no podrá volver a ejercer cargo alguno dentro de la administración judicial
