La justicia ha dictado una medida de detención preventiva por un periodo de 100 días contra el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, en el marco de las investigaciones relacionadas con el denominado caso pavimento. Esta decisión fue tomada tras la valoración exhaustiva de las pruebas presentadas, el informe elaborado por la Contraloría y la evaluación de los riesgos procesales que podrían afectar el curso del proceso judicial. La autoridad edil ha sido trasladada al penal de Palmasola para cumplir con esta medida mientras se profundizan las investigaciones sobre presuntas irregularidades en las obras de pavimentación llevadas a cabo en la capital cruceña.
Este caso ha generado gran atención pública debido a las implicaciones que tiene para la gestión municipal y la transparencia en el manejo de recursos públicos. El exconcejal y actual candidato a la Alcaldía, Manuel ‘Mamen’ Saavedra, quien además es el denunciante principal en esta causa, destacó que con esta acción se abre una nueva etapa para Santa Cruz, subrayando que nadie está por encima de la ley y que no debe existir impunidad en casos que afectan el patrimonio municipal. Saavedra enfatizó que el proceso judicial debe continuar y que será el Ministerio Público quien determine las responsabilidades y medidas correspondientes para todos los involucrados.
El caso pavimento involucra un presunto daño económico estimado en seis millones de bolivianos, cifra que refleja la gravedad de las supuestas irregularidades cometidas en contratos y ejecución de obras públicas destinadas a mejorar la infraestructura vial. Entre los posibles implicados también se encuentra Sergio Luna, secretario de Obras Públicas del municipio, cuya situación procesal podría ser definida conforme avance la investigación. Saavedra señaló que no solo él ha presentado denuncias relacionadas con este tipo de actos irregulares sino que otras autoridades también han realizado aportes para esclarecer estos hechos, lo cual apunta a una investigación más amplia y profunda.
Aunque Saavedra reconoció que la detención del alcalde no debería ser motivo de alegría para nadie debido al impacto negativo que representa para la administración municipal, consideró necesario afrontar esta realidad como un paso hacia la corrección y mejora del manejo institucional. Desde su experiencia en el Concejo Municipal, explicó que ahora corresponde a los concejales convocar una sesión extraordinaria para analizar la situación y proceder a elegir un alcalde interino entre los miembros del partido político UCS, al cual pertenece Fernández. Esto garantizará continuidad administrativa mientras se resuelve su situación judicial.
La detención preventiva implica un cambio significativo en el panorama político local y pone sobre relieve la importancia del control ciudadano y legal sobre las autoridades electas. La medida cautelar busca evitar cualquier obstáculo o interferencia durante las pesquisas judiciales y preservar la integridad del proceso investigativo. El traslado inmediato del alcalde al penal de Palmasola marca un hito en este caso emblemático que continúa siendo objeto de seguimiento por parte de distintos sectores sociales interesados en conocer los resultados finales.
En definitiva, este hecho representa una señal clara sobre el compromiso institucional para combatir posibles actos ilícitos dentro del gobierno municipal y reafirma la necesidad de fortalecer mecanismos de supervisión para evitar daños económicos al erario público. La población cruceña observa con atención cómo evoluciona esta situación jurídica, consciente del impacto directo que tiene sobre la gestión urbana y los recursos destinados a mejorar su calidad de vida
