Desde su designación como candidata a la Vicepresidencia en la fórmula de Alianza Popular, acompañando a Andrónico Rodríguez, Mariana Prado ha navegado no solo los complejos desafíos de una campaña electoral en medio de una crisis económica y una marcada polarización política. Su participación en la contienda también ha estado signada por una serie de ataques de carácter personal, que ella interpreta como manifestaciones de la violencia de género y el acoso político intrínsecos a la arena electoral boliviana.
Prado ha descrito esta experiencia como particularmente ardua, aludiendo a una intensidad de agresión sin precedentes en su trayectoria política. Ha observado que la incursión de una mujer en el ámbito público frecuentemente desata un cuestionamiento inicial sobre su idoneidad y compromiso. Adicionalmente, una proporción significativa de estas arremetidas se ha dirigido hacia aspectos de su vida privada y su apariencia física, situaciones que ha calificado como profundamente lamentables.
Esta no es la primera vez que la figura de Prado capta la atención pública por motivos ajenos a su gestión. Durante su período en la administración de Evo Morales, ya enfrentó escrutinio mediático tras revelarse su vínculo sentimental previo con William Kushner, condenado a treinta años de prisión por el asesinato de Andrea Aramayo. En su actual rol de candidata, este episodio ha resurgido, si bien ella percibe la renovada atención como injusta y arraigada en prejuicios machistas. Subraya una marcada disparidad en el trato recibido, señalando que la apariencia física de los candidatos masculinos rara vez es objeto de escrutinio o debate público. En contraste, para las mujeres en política, su imagen y su integridad corporal se convierten, según su análisis, en un terreno de confrontación y disputa política.
Frente a este escenario, Prado enfatiza la necesidad imperante de disponer de instrumentos legales robustos para contrarrestar las diversas manifestaciones de violencia que afectan a las mujeres, particularmente en esferas de poder. En este contexto, ha destacado la relevancia de la Ley 348, concebida para asegurar a las mujeres una existencia libre de violencia. Esta legislación, resultado de una prolongada lucha de movimientos feministas y defensores de derechos, y de un intenso debate legislativo, es considerada por ella como un logro fundamental.
A pesar de su trascendencia, la candidata reconoce que la implementación de esta normativa aún presenta deficiencias y desafíos, una observación compartida por su compañero de fórmula, Andrónico Rodríguez. La propuesta de Alianza Popular, en lugar de abogar por su derogación o reemplazo, se centra en su perfeccionamiento. Se ha manifestado que no habrá retroceso alguno respecto a los principios de la Ley 348, ya que se le considera la herramienta más eficaz para la persecución penal de aquellos que atenten contra la integridad femenina.
La trayectoria de Prado, tanto en ámbitos técnicos como políticos, ha estado marcada por la frecuente resistencia al liderazgo femenino. A partir de su experiencia, la candidata advierte que la consolidación de una auténtica transformación democrática es inviable sin un reconocimiento explícito y la subsiguiente erradicación de las violencias estructurales que persisten contra las mujeres
