La reciente decisión del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Tarija de habilitar a Mario Cossío como candidato a gobernador en las próximas elecciones subnacionales ha generado un intenso debate en el ámbito político y jurídico del departamento. Esta determinación, adoptada en favor de la postulación de Cossío por la organización política Camino Democrático al Cambio (CDC), no ha sido recibida de manera unánime, evidenciando una división de opiniones entre los legisladores y actores políticos locales.
Uno de los principales cuestionamientos proviene del asambleísta departamental José Yucra, quien expresó su desacuerdo con la habilitación del exsenador bajo el argumento de que Cossío cuenta con tres sentencias ejecutoriadas que, según él, deberían impedir su participación electoral. En primer lugar, se menciona una condena relacionada con el caso de la piscina olímpica en 2017, donde Cossío fue acusado por incumplimiento de deberes. A esto se suma una denuncia por enriquecimiento ilícito formulada en 2018, que conlleva una pena privativa de libertad de seis años y que no habría sido cumplida ni prescrita. Finalmente, el legislador hace referencia a una sentencia vinculada a la construcción de la carretera Vía Tojo, por la cual recibió una condena de seis meses en Morros Blancos. Yucra remarcó que estas sentencias son firmes y que los procesos judiciales correspondientes ya han sido considerados cosa juzgada, lo que implica que no pueden ser reabiertos o anulados con facilidad.
Además del aspecto judicial, el asambleísta también resaltó un tema clave relacionado con los requisitos legales para postularse: la residencia. Según Yucra, Cossío habría incumplido este requisito debido a su permanencia en Paraguay como refugiado político durante varios años. Este punto es especialmente relevante porque la normativa electoral establece condiciones específicas sobre el tiempo mínimo de residencia para quienes aspiran a cargos públicos en Bolivia. En este sentido, cuestionó al TED por no haber tomado en cuenta esta irregularidad al momento de habilitar al candidato.
Por su parte, Mario Cossío defendió públicamente la decisión del TED y aseguró que su inscripción como candidato se realizó conforme a las normas establecidas en el reglamento electoral vigente. Enfatizó que el Tribunal Electoral se basó en sentencias constitucionales que reconocen el derecho de las personas que estuvieron bajo condición de refugiados políticos en el extranjero para postularse sin necesidad de cumplir con dos años consecutivos de residencia permanente dentro del país. Este argumento legal ha sido fundamental para despejar las impugnaciones presentadas contra su candidatura y permitirle continuar con su campaña electoral.
La controversia generada alrededor de esta habilitación tiene un impacto directo sobre el proceso electoral y la percepción ciudadana respecto a la transparencia y legalidad en los comicios subnacionales. La participación de un candidato con antecedentes judiciales controvertidos puede influir tanto en la confianza del electorado como en las estrategias políticas adoptadas por sus competidores. En este contexto, figuras políticas como Richard Rocha, otro aspirante a gobernador por Tarija, han recibido favorablemente la decisión del TED, resaltando que esta resolución fortalece la democracia y permite competir bajo reglas claras y justas.
Cabe recordar que Mario Cossío no es ajeno a procesos electorales anteriores marcados por polémicas similares. En 2020 fue inhabilitado para postularse como senador debido a cuestiones relacionadas con su estatus migratorio y político durante su estancia prolongada en Paraguay como refugiado político desde diciembre de 2010 hasta diciembre de 2019. Este aspecto quedó registrado formalmente en documentos notariales presentados durante aquel proceso electoral y fue uno de los motivos para su exclusión según resolución jurisdiccional emitida ese año. Tras esa experiencia, Cossío retornó al Paraguay aunque ya sin mantener el estatus legal de refugiado político.
En definitiva, la habilitación otorgada por el TED abre un capítulo importante dentro del panorama político departamental donde convergen aspectos legales complejos y consideraciones éticas sobre quiénes están aptos para representar a la población tarijeña. La discusión sobre las sentencias ejecutoriadas y los requisitos residenciales pone sobre la mesa temas sensibles relacionados con el respeto a las normas institucionales y al principio democrático que rige los procesos electorales. En paralelo, esta situación hace evidente cómo las decisiones judiciales y electorales pueden tener repercusiones significativas tanto para los candidatos involucrados como para sus partidos políticos y simpatizantes.
Con este escenario planteado, será fundamental observar cómo evoluciona el proceso electoral local y qué efectos tendrá esta controversia sobre la participación ciudadana y la legitimidad del próximo gobierno departamental. Para los ciudadanos tarijeños representa un momento crucial para evaluar no solo las propuestas políticas sino también los antecedentes personales e institucionales detrás de cada aspirante al liderazgo regional. La resolución final sobre estos temas podría sentar precedentes importantes para futuros comicios y fortalecer o debilitar las instituciones democráticas encargadas de garantizar elecciones transparentes e inclusivas en Bolivia
