El proceso legislativo para la designación de una nueva Contralora o Contralor General del Estado se encuentra en un punto de estancamiento, debido a la falta de los votos necesarios por parte del bloque oficialista, que, incluso con la unión de sus tres facciones, no logra asegurar la mayoría calificada requerida. Esta situación ha sido reconocida por miembros de las propias bancadas afines al gobierno, mientras que los partidos de oposición han manifestado su intención de mantener la sesión activa para impedir cualquier avance en la designación.
Un representante de la bancada mayoritaria en la Cámara de Diputados reconoció las dificultades para alcanzar los dos tercios de los votos, sugiriendo que, de no lograrse en la actual coyuntura, la tarea podría recaer en futuras composiciones legislativas.
Este no es el primer intento por parte de la fuerza gobernante de nombrar a un titular para la Contraloría. Hace poco más de tres años, entre junio y julio de 2022, se llevó a cabo un esfuerzo similar, que coincidió con el proceso de selección del Defensor del Pueblo. Aquella ocasión culminó con la posesión de Nora Herminia Mamani como autoridad de la Contraloría General del Estado en julio de 2022.
Más de tres años después, el oficialismo ha retomado la iniciativa de posesionar a un Contralor titular. Sin embargo, su actual fuerza parlamentaria es significativamente menor que la que poseía en el intento anterior. En la sesión reciente, se registró la presencia de 129 legisladores. De acuerdo con el artículo 214 de la Constitución Política del Estado, la designación del Contralor General requiere el respaldo de dos tercios de los votos de los asambleístas presentes.
Para que la nominación del nuevo Contralor o Contralora sea aprobada, se necesitan 86 votos, que corresponden a los dos tercios de los 129 legisladores asistentes. La propuesta impulsada por el oficialismo consiguió un total de 66 votos, lo que implica una carencia de 20 sufragios para alcanzar el umbral constitucional. La oposición ha expresado su negativa a ceder los votos restantes, manteniendo así la imposibilidad de lograr la mayoría calificada.
Desde las filas opositoras, un diputado ha manifestado que la convergencia de las distintas alas del partido de gobierno se interpreta como una estrategia para encubrir presuntos actos de corrupción ocurridos durante dos décadas de administración. La postura opositora sostiene que un Contralor elegido por una nueva configuración parlamentaria ofrecería al país la oportunidad de investigar a fondo y determinar responsabilidades en los casos de corrupción
