Una medida cautelar emitida por el Juzgado Agroambiental en septiembre de 2024 ha logrado la paralización de todas las actividades mineras de la Cooperativa Minera Azulejos, cuyas operaciones en la comunidad de Esmoraca, Potosí, estaban generando contaminación en el río San Juan del Oro.
La disposición judicial ordenó el cese inmediato de la actividad extractiva en las inmediaciones del río debido a los altos niveles de contaminación detectados en sus caudales.
Tras la implementación de estas acciones correctivas, se ha observado que el lecho del río ha recuperado su color claro natural. Esta mejora es fundamental, ya que las aguas del San Juan del Oro son utilizadas para el riego por productores de las comunidades de los municipios de El Puente y Yunchara, en el departamento de Tarija.
Recientemente, autoridades departamentales llevaron a cabo una inspección a lo largo de aproximadamente seis kilómetros del río. Durante el recorrido, se constató la paralización de las operaciones mineras y se verificaron obras civiles en curso, como el sellado de piscinas y la instalación de señalética, entre otras acciones destinadas a la remediación.
Se ha destacado que esta acción judicial sienta un precedente significativo en la lucha contra la actividad minera que opera de manera ilegal, sin las licencias ambientales correspondientes, y que genera un alto impacto ecológico y un daño económico considerable.
La acción legal por parte del Gobierno Departamental de Tarija fue interpuesta tras un incidente específico de derrame de residuos tóxicos al río San Juan del Oro, ocurrido el 21 de julio de 2024. Este evento contaminó gravemente los caudales de agua, afectando directamente a las comunidades locales de El Puente y Yunchara. Ante esta situación, se presentó la demanda ante el Juez Agroambiental, argumentando los riesgos ambientales y de salud asociados a la actividad minera en la cuenca.
El 26 de septiembre del mismo año, el Juez Agroambiental emitió la medida cautelar contra la cooperativa minera Azulejos, operando desde Potosí. La resolución judicial exigió el desmantelamiento total de la cooperativa y el retiro de toda su maquinaria en un plazo de quince días.
Actualmente, las autoridades departamentales de Tarija realizan un seguimiento continuo para asegurar que se cumplan cabalmente las disposiciones judiciales impuestas a la empresa y se logre la recuperación completa de las zonas afectadas por la descarga de residuos tóxicos
