El aumento en el precio del diésel ha generado un impacto considerable en el sector del transporte público, particularmente en los servicios de microbuses que operan con este combustible. Según estimaciones del transportista Jorge Gareca, del sindicato “La Tablada”, de un parque automotor que supera las 400 unidades, menos de la mitad se encuentra en circulación actualmente, con aproximadamente 170 vehículos en funcionamiento.
Gareca calificó el incremento del costo del diésel como un golpe duro para los operadores de micros, quienes enfrentan una situación económica complicada debido a la reducción de sus márgenes de ganancia. Muchos conductores han optado por retirar sus vehículos de las calles, ya que trabajar con pérdidas no resulta viable. Esta problemática se agrava con el inminente inicio del año escolar, lo que podría derivar en un déficit significativo de transporte para estudiantes y usuarios en general.
Además, el aumento en el precio del gas natural, aunque también ha afectado al sector, es considerado manejable en comparación con la crisis generada por el diésel. Gareca hizo un llamado a las autoridades municipales, juntas vecinales y a la población en general para que tomen conciencia de la situación, advirtiendo que la continuidad del servicio de transporte está en riesgo si no se encuentra una solución.
En cuanto a la tarifa vigente de tres bolivianos por pasajero, el representante del sindicato indicó que apenas cubre el costo del combustible, dejando un margen insuficiente para el mantenimiento de los vehículos, como reparaciones o cambios de aceite. Por ello, consideró necesario entablar un diálogo con las autoridades para ajustar el precio del pasaje, buscando un equilibrio que permita sostener el servicio sin afectar a los usuarios, especialmente a estudiantes y trabajadores de clase media.
Finalmente, Gareca descartó la posibilidad de que las juntas vecinales puedan subsidiar el costo del diésel, por lo que enfatizó la urgencia de establecer acuerdos que eviten una crisis mayor en el transporte público. La situación demanda una respuesta coordinada para garantizar la movilidad y la calidad del servicio en el corto plazo
